La Constructora Hercod se encuentra en el centro de las investigaciones del Ministerio Público por supuesto «fraude y lavado de activo» en contratos con la Alcaldía de San Pedro Sula.
Las investigaciones se refieren al período entre julio de 2023 y abril de 2024, e involucra a funcionarios municipales y representantes de la empresa, quienes fueron detenidos.
Se denuncia que se firmaron 33 contratos con un costo de 45.5 millones de lempiras, de los cuales 26 fueron de manera directa que fueron «fragmentados» para evitar la Ley de Contratación del Estado y siete fueron por licitación privada.
«HERCOD incumplió requisitos básicos como garantías de anticipo y nóminas técnicas. A pesar de ello, se autorizaron pagos sin informes de avance ni verificación de obras. Algunos proyectos nunca se ejecutaron, como la reparación de un complejo deportivo y carreteras en El Merendón», señala el MP.
El requerimiento fiscal señala que Steve Fajardo (yerno del alcalde Roberto Contreras), sin ser funcionario, participó en reuniones clave con el entonces gerente de Infraestructura, Osman Chávez, y con oferentes «simulados». Además, se documentaron vínculos societarios entre Luis Hernández Portillo (socio de Hercod) y familiares de Fajardo, lo que facilitó el desvío de fondos.
Más de 5.9 millones de lempiras fueron canalizados a través de cuentas controladas por Olga Ávila (socia) y su esposo Hernández Portillo, y luego «entregados en efectivo a Fajardo mediante intermediarios».
«Las acciones anteriores propias de un supuesto delito de tráfico de influencias se materializaron posteriormente en operaciones de lavado de activos, ya que, una vez que la alcaldía municipal pagó el total de los 33 contratos a la empresa HERCOD, la representante legal Olga Estela Ávila Ortega los transfería a otras cuentas en las que ella y su esposo, Luis Fernando Hernández Portillo, tenían firma autorizada», apunta el escrito.
«Posteriormente, Hernández Portillo realizó múltiples transferencias por un valor superior a los 5.9 millones de lempiras a Josué David Fajardo Hernández, quien, a través de terceras personas, entregaba el dinero en efectivo a su sobrino, Steve Fajardo, con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos», señala la acusación.
El Fiscal General, Johel Zelaya, aseguró que existe evidencia clara y testigos protegidos. Como ejemplo, dijo que de 1.500 metros contratados solo se entregaron 150 metros, no se entregó un un parque que debía reestructurarse, además y se firmaron contratos «fragmentados» con un centavo menor al techo de la Ley de Contratación pública.
También encontraron empresas cotizantes de Tegucigalpa que «no tienen empleados» y que se dedican a «lavar dinero». Aseguró que en el juicio se revelará que emprsas distribuyeron dinero a terceros en efectivo.
