La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) instó este domingo al Estado hondureño “a avanzar de manera ágil, imparcial, exhaustiva e independiente en la investigación” del asesinato del ambientalista Juan López, el 14 de septiembre del año pasado.
La Iglesia Católica hondureña se unió este domingo al reclamo de justicia por el clérigo.
La ONU exigió que debe agilizar la investigación “que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, así como a las estructuras de corrupción y crimen organizado que pudieron haber participado en el asesinato de López”, indicó la Oacnudh con ocasión del primer aniversario del crimen contra el ambientalista en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.
El organismo recordó que López fue defensor del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y reconocido a través de su lucha por la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
“A pesar de las amenazas constantes contra su vida y de haberse confirmado la existencia de un riesgo grave a su integridad, la Oficina ha constatado que el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo”, añadió en un comunicado.
Señaló además que esa omisión “reveló la persistente falta de acción efectiva en la protección de personas defensoras, así como la urgencia de abordar las causas estructurales de su situación de riesgo, incluidas las dinámicas de corrupción e impunidad”.
La Oacnudh se unió a otras instituciones y defensores de derechos humanos y el ambiente que reclaman justicia por el caso de Juan López, quien además era predicador y concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya.
También indicó que aunque hay avances en el proceso penal contra tres presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y garantizar medidas de no repetición.
Solo así la sociedad hondureña podrá avanzar en el combate a la impunidad y en la consolidación de la justicia ambiental, condición fundamental para generar un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en el país, enfatizó la misma fuente.
El representante de la Oacnudh en Tegucigalpa, Juan Carlos Monge, indicó que “el legado de Juan López nos recuerda que la defensa del medio ambiente es inseparable de la defensa de los derechos humanos”, que “su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras» y que «honrar su memoria implica asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya”.
La Oacnudh resaltó que el Decreto 18-2024, que asegura la protección y restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, constituye un resultado concreto de la lucha de Juan López y de quienes defienden los bienes comunes.
“Sin embargo, su efectiva implementación integral y transparente es una deuda pendiente del Estado” y, “seguir postergándola, limita el avance en la garantía del derecho al medio ambiente y aumenta los riesgos para las comunidades y defensores”.
La misma fuente también exhortó a las autoridades de Honduras a ejecutar el Decreto 18-2024 y las medidas de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos, sus familiares y demás víctimas vinculadas al caso.
Por su parte la Iglesia Católica exigió que haya justicia para López. “Inspirados por el Evangelio, por la encíclica ‘Laudato Si’ y por el clamor de las comunidades, exigimos con firmeza justicia para Juan López, que se investigue y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato”, expresó en un comunicado la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal de Honduras.
Señaló además que “la impunidad no puede seguir siendo el sello de los crímenes contra defensores ambientales” y que “la justicia no es venganza: es reparación, es verdad, es garantía de no repetición”.
Juan López fue asesinado en el interior de su vehículo el 14 de septiembre de 2024, en horas de la noche, tras salir de una iglesia en la que predicaba
La muerte de López ha salpicado a ejecutivos de la minera Pinares Ecotek, a la que se oponía el ambientalista, y al alcalde de Tocoa, Adán Funez, a quienes grupos ambientalistas y la Iglesia católica culpan del crimen.
Funez, a quien pocos días antes de su muerte López le había pedido que renunciara como alcalde porque le estaba causando daño a su comunidad por supuestos vínculos con el narcotráfico, ha rechazado las acusaciones en su contra sobre el crimen, que causó mucha conmoción en el país, donde decenas de ambientalistas han sido asesinados en los últimos 50 años.
