Sin aprobación, aún del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo aprobó una nueva extensión de 45 días de la suspensión parcial de garantías constitucionales como medida para reducir la criminalidad. La medida (vigésima) se aplica desde el 2022, a pesar de la oposición de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Decreto Ejecutivo número PCM 18-2025, fue aprobado el 16 de mayo y publicado el 19, el mismo día que vencía. Se espera ahora que el Congreso Nacional lo aprueba en un plazo de 30 días.
Según el Ejecutivo, la medida que se aplica en 226 municipios, ha “tenido resultados positivos frente a la grave perturbación de la paz y la seguridad que se sufre en las principales ciudades del país”, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados.
Se decreta así, la suspensión de Garantías Constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de
la República, a partir de las 6:00 p.m. del lunes 19 de mayo de 2025, hasta las 6:00 p.m. del jueves 03 de julio de 2025″
En consecuencia, las autoridades policiales “respetando el Principio de Necesidad y Proporcionalidad”, quedan facultadas para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en el decreto, en todos los sectores de los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, así como los otros municipios identificados por la Policía Nacional.
