La agencia calificadora de riesgos Moody’s Ratings elevó este jueves la nota de riesgo soberano de El Salvador como emisor de deuda a largo plazo a ‘Caa1’ de un ‘Caa3’ y mantuvo la perspectiva estable tras la recompra de bonos hecha por el Gobierno del presidente reelecto, Nayib Bukele.
Moody´s rebajó dos escalones a las notas de El Salvador en mayo de 2022, que se mantienen en niveles de alto riesgo.
“La mejora se debe a una disminución significativa de los riesgos crediticios, desde niveles de riesgo muy altos, para el soberano dada la menor probabilidad de episodios de estrés de liquidez”, indicó la entidad en un comunicado.
Destacó que “las operaciones de gestión del pasivo, que incluyen una recompra de deuda realizada en abril de 2024, han reducido significativamente las amortizaciones de deuda externa hasta 2027”.
“El Gobierno ha podido extender el perfil de vencimientos de su deuda interna disminuyendo su dependencia de instrumentos de corto plazo mediante la emisión de notas de mayor plazo a bancos locales”, indicó Moody’s.
También remarcó que las operaciones de “reperfilamiento de deuda junto con déficits fiscales moderados y relativamente estables han reducido las necesidades generales de financiamiento del Gobierno”.
Sin embargo, enfatizó que el país centroamericano mantiene “instituciones y gobernanza débiles, así como una susceptibilidad relativamente alta al riesgo de eventos que refleja el acceso limitado del Gobierno a la financiación transfronteriza”.
A mediados de abril, el Gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2029 por 469.9 millones de dólares (440 millones de euros)-incluyendo intereses-.
Esta no es la primera vez que El Salvador hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó dos operaciones similares y compró bonos por 647 millones de dólares.
Al cierre de 2023, la deuda pública total del país centroamericano llegó a 20.097,64 millones de dólares, de los que 12,088.61 millones corresponden a deuda externa. Estas cuentas no incluyen la deuda de pensiones que llegó a 9.916 millones.