La ampliación de obras en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), hasta por 425 millones de lempiras, será cubierto con fondos del fideicomiso del “registro de propiedad vehicular, que a su vez se capitaliza con el pago de la tasa vehicular.
Este fideicomiso fue creado en 2016 como un “proyecto de operación, funcionamiento, financiamiento y administración del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel nacional “.
El objetivo del mismo es la “implementación de los Centros de Inspección Vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, además de la modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas”.
Sin embargo, el Ejecutivo, a través del decreto ejecutivo PCM-018-2018, en su artículo 1, ordena que se se le incorporen los fondos de la “tasa única de anual por matrícula de vehículos”.
Para este año se proyecta un ingreso por matrícula vehicular de más de 2.500 millones de lempiras.
En su artículo 3, el decreto señala: “se instruye a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, que de los fondos incorporados en el Artículo 1 del presente decreto, se asigne al fideicomiso de administración del Centro Cívico Gubernamental, hasta por un monto de 425 millones de lempiras”.
Con esto el gobierno agrega fondos al proyecto inmobiliario que no están dentro del contrato de fideicomiso firmado por Coalianza y banco Lafise.
El proyecto tiene una inversión referencial de 173 millones de dólares y es financiado por cuatro entes públicos de previsión social y siete bancos.
La obra está a cargo de la empresa mexicana GIA+ (Grupo Ingeniería Arquitectura & Asociados). y muestra un retraso en su construcción. De acuerdo con la empresa supervisora (consorcio Tecnisa-Cinsa), las obras complementarias fueron incorporadas para servicios de seguridad de la Presidencial y otras.
El valor estimado es de 18 millones de dólares y se desconoce como serán valoradas en la concesión del inmueble que albergará personal de algunas dependencias públicas.
