El impuesto mínimo global que desde este año se empieza a aplicar en la Unión Europea (UE) y en países como Reino Unido, Japón, Corea del Sur o Canadá, aumentaría entre un 6,5 % y un 8,1 % los ingresos por el tributo de sociedades a escala mundial, según la OCDE.
La implementación de esta iniciativa, con la que los países y jurisdicciones implicados se comprometen a aplicar un tipo mínimo del 15% para los beneficios de las grandes empresas, la recaudación crecería entre 155.000 y 192.000 millones de dólares anuales, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en una nueva evaluación de impacto publicada este martes.
La principal consecuencia de este impuesto mínimo a las multinacionales es que se reduciría radicalmente la parte de los beneficios de esas compañías (las que facturan más de 750 millones de euros) que están sometidos a un tipo inferior al 15%, y que se ha calculado que son un 36,1 % del total.
En concreto, esos beneficios sometidos a una muy baja fiscalidad caerían un 69,5%, de unos 2,143 billones de dólares anuales a 653.000 millones.
El impuesto modificaría los flujos de inversión
La OCDE, que señala que su nueva evaluación se basa en los datos recopilados en el periodo 2017-2020, destaca que el impuesto mínimo global contribuiría a una mayor equidad entre las multinacionales y otras empresas.
La razón es que diversos estudios han puesto en evidencia que los grandes grupos que operan en muchos países acostumbran a pagar un tipo impositivo global más bajo que las empresas que únicamente están en un solo mercado.
Otro elemento inducido sería la menor incitación para que las empresas domicilien sus beneficios en las jurisdicciones que les ofrecen un trato impositivo más favorable al margen de que sea allí donde tengan su actividad. Es decir, reduciría el atractivo de los paraísos fiscales.
La OCDE calcula que el beneficio desplazado se reduciría a la mitad, de una media de 698.000 a 356.000 millones de dólares, y eso gracias a la reducción del diferencial del tipo impositivo.
Ese diferencial bajaría, por su parte, alrededor del 30% como consecuencia del incremento de la fiscalidad de los beneficios de las empresas que ahora pagan muy pocos impuestos.
Hasta ahora, hay 45 jurisdicciones que han dado diferentes pasos para poner en marcha este tipo mínimo del impuesto de sociedades, que se aplica a las empresas con una facturación anual de al menos 750 millones de euros, resultado del acuerdo histórico logrado en 2020 por cerca de 140 jurisdicciones impulsado por la OCDE.
Entre ellos están los miembros de la UE, donde el acuerdo entró en vigor el 1 de enero, pero también otros grandes países desarrollados, como Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Canadá, Australia o Noruega.
Faltan muchos otros por concretar ese compromiso en su legislación interna, como las dos mayores economías mundiales: Estados Unidos y China.
Pero también muchas de las llamadas ‘plataformas de inversión’, es decir aquéllas en las que la inversión extranjera representa más del 150% de su PIB, y que muchos equiparan a paraísos fiscales.
A partir de las que ya han puesto en práctica ese impuesto mínimo global y las que han anunciado que tienen intención de hacerlo, los expertos de la organización calculan que, para 2025, un 90% de las multinacionales para las que se diseñó estarán sometidas a esta regulación fiscal.
