Nicaragua vendió en el exterior un total de 952 millones de dólares en oro en bruto entre enero y octubre de este año, por encima de los 927.4 millones de dólares de todo el 2022, lo que representa un nuevo récord para ese sector, informó el Banco Central.
El oro en bruto es el principal producto de exportación de Nicaragua en el régimen general durante los 10 primeros meses de 2023, seguido del café y la carne vacuna.
El Gobierno de Nicaragua prevé que las exportaciones de oro en bruto superen los 1.000 millones de dólares este 2023.
Nicaragua ha otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas, que registra siete planteles de industria mineras operando en el país centroamericano.
La empresa Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense con presencia desde el 2009 en Nicaragua fue el mayor exportador en 2022, según cifras oficiales.
Dudas sobre origen del oro
Según una investigación periodística de las plataformas Connectas y Artículo 66, Nicaragua exporta más oro en bruto de lo que produce. “El Banco Central de Nicaragua reporta que, bajo la administración sandinista, entre el 2009 y el 2022 se han enviado al mercado internacional 23.9 toneladas de oro que no cuadran con la producción nacional.
En su investigación se plantean dos tesis sobre el excedente entre exportación y producción de oro: primero que es producto de la minería ilegal artesanal, o bien que ese oro llega a Nicaragua procedente de Colombia o Venezuela y luego se vende como oro nicaragüense.
La semana pasada, la ambientalista Fundación del Río denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el presunto vínculo en Nicaragua entre la minería ilegal y la industrial durante la extracción de oro y mercurio, además del impacto negativo que tiene en las áreas protegidas y los territorios indígenas.
“El avance de la minería ilegal ha sido posible debido al fomento de la minería industrial en los marcos de ley nicaragüenses”, afirmó el presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, durante la sesión pública “Minería ilegal y su impacto en los derechos humanos” en la CIDH, con sede en Washington.
Durante la sesión celebrada el miércoles pasado, la ONG reveló que “un 30% del oro extraído de procesos ilegales es acarreado por canales de procesamiento y exportación, propiedad de empresas radicadas en el país, muchas de ellas colombianas y canadienses”.
La sanción de EEUU
En octubre de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
Según el Tesoro estadounidense, la Dirección General de Minas ha sido utilizada por el Gobierno del presidente Daniel Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que EE UU impuso en junio de ese año a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Minas como una medida de presión para que el Gobierno de Ortega “rinda cuentas por su escalada de violaciones de los derechos humanos, desmantelamiento continuo de las instituciones democráticas, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación con Rusia en materia de seguridad”.
