El sector empresarial reaccionó de forma negativa a la nueva reprobación gubernamental, la treceava de manera consecutiva, para acceder al programa de apoyo financiero de Estados Unidos a través de la Cuenta Desafío del Milenio.
El país reprobó en ocho de los 20 indicadores del programa, con notas de menos de 10% en temas como corrupción, efectividad del gobierno e imperio de la ley.
(VEA: Honduras quedó fuera, otra vez, de la Cuenta del Milenio)
Para el oficial Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Obed García, las notas son tan bajas en esos temas que prácticamente condenan al fracaso estatal para acceder a la Cuenta del Milenio, al menos durante la actual administración de Xiomara Castro.
“Una vez aplazados en esta primera evaluación del actual gobierno (datos del 2022) es poco probable que en todo el período de este gobierno se logre acceder a estos fondos considerando la tenencia de las decisiones desde el sector público” opinó.
Los indicadores en los que reprobó Honduras se traducen, según el economista, en otras variables del país como el desinterés de inversionistas “que al final afecta la generación de empleo y, por lo tanto, la capacidad de los hondureños de poder acceder a un empleo digno, a un nivel de ingreso personal y salir de la pobreza”.
Consiederó que requieren acciones concretas para avanzar en estos temas, “tenemos que el gobierno en los últimos dos años es todo lo contrario” lo que requiere de “evaluaciones particulares” sobre el desempeño del Gobierno, que leyes ha aprobado y que medidas se pueden tomar.
Una opinión similar tiene el economista Roberto Lagos, para quien la reprobación estaba anunciada y poco se ha hecho para corregir la imagen de corrupción del país.
“Lamentablemente para el país es algo que yo creo que se venía diciendo desde hace un mes y refleja básicamente que la corrupción está institucionalizada en el país en los distintos sectores. Recordemos que este indicador de corrupción es multidimensional, lo cual significa que incluye no sólo al Ejecutivo, sino también al Congreso, la Policía, la Alcaldía, pero sí cuando uno lee los informes uno puede ver claramente que parte de este proceso y parte de no avanzar en el indicador de corrupción se debe al Congreso Nacional”, manifestó.
Ese es el mayor responsable debido, añadió, al pacto de impunidad 2.0, contar con una junta directiva ilegal, y adicionalmente a todo el tema del fondo departamental. “Y aquí sólo estamos viendo elementos reflejados del año 2022 y con todo lo que ocurre en el año 2023 ¿qué nos espera para el próximo año?”, preguntó.
