Derogación de decretos de impunidad y reformas a Ley de Lavado fueron parte de la negociación
Las autoridades hondureñas y el FMI han alcanzado un acuerdo de 36 meses a nivel de personal técnico para acceder a aproximadamente USD 830 millones destinados a financiar las políticas de reformas económicas de Honduras.
El Acuerdo, que deberá ser aprobado por el el Directorio del FMI, establece cuatro pilares fundamentales que se concentran, entre otros temas, en fortalecer el marco de las políticas monetarias y cambiarias, la reforma tributaria que se discute en el Congreso Nacional, reforzar el mecanismo de “transmisión monetaria”, reanudar la emisión periódica de bonos del Tesoro y pondrán en marcha una estrategia de deuda a mediano plazo.
Además, medidas recién aprobadas, reforzar la lucha contra el lavado de dinero (derogación del decreto 57-2020 y modificación del decreto 93-2021) derogación de la ley de secretos, y del decreto 116-2019 referente al fondo departamental.
También contempla un establecer un registro nacional de empresas que incluirá información sobre beneficiarios finales y un sistema electrónico de declaración del patrimonio para los empleados públicos.
A continuación los cuatro pilares del Acuerdo:
Preservar la estabilidad macroeconómica
El programa contempla un marco fiscal a mediano plazo que crea espacio fiscal para inversión productiva y gasto social y que a la vez preserva la sostenibilidad de la deuda. El Banco Central de Honduras (BCH) seguirá apoyando el proceso de desinflación que está en curso y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas.
A lo largo del programa, y con asistencia técnica del FMI, el BCH seguirá fortaleciendo el marco de las políticas monetaria y cambiaria con miras a preservar la competitividad externa y crear las condiciones necesarias para transicionar gradualmente hacia un sistema que guarde los equilibrios, competitivo, y eficiente en la asignación de divisas y proteja la estabilidad del tipo de cambio.
Ampliar el espacio fiscal para apoyar la inversión productiva y el gasto social
El gobierno está impulsando un amplio programa de reformas para crear espacio fiscal y mejorar la gestión financiera pública, que incluye (i) eliminar los fideicomisos, que han obstaculizado la transparencia de la ejecución del gasto; (ii) fortalecer la administración tributaria y aduanera; y (iii) promover y reforzar la transparencia presupuestaria. Una reforma tributaria de gran alcance, que se encuentra en trámite en el Congreso, permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. Si se aprueba, será esencial que la reforma se aplique de forma transparente y previsible, tal como debería establecerse en las regulaciones correspondientes.
Estas reformas serán fundamentales para favorecer las inversiones urgentes en infraestructura, sobre todo en materias de adaptación al cambio climático y en el sector energético. Además, el programa respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance, centrada en los emblemáticos programas Red Solidaria y Programa de Acción Solidaria , destinados a las personas que viven en la pobreza extrema y a los grupos más vulnerables de la sociedad.
Reforzar el marco de política monetaria, desarrollar el mercado de deuda local y preservar la estabilidad financiera
El banco central seguirá reforzando el funcionamiento del mecanismo de transmisión monetaria. Para seguir desarrollando los mercados de deuda interna, las autoridades reanudarán la emisión periódica de bonos del Tesoro y pondrán en marcha una estrategia de deuda a mediano plazo. Esto contribuirá a movilizar el ahorro interno, diversificar las fuentes de financiamiento y emitir en los mercados internacionales de capital. El sistema financiero sigue siendo robusto, pero se ha de seguir realizando una estricta vigilancia de los riesgos.
Mejorar la gobernanza y la transparencia, combatir la corrupción e incrementar la resiliencia económica
Las autoridades están resueltas a reforzar el marco de lucha contra el lavado de dinero de conformidad con las normas internacionales. La reciente derogación del decreto 57-2020 y modificación del decreto 93-2021 son importantes pasos en tal sentido. Para mejorar la gobernanza y transparencia han sido igualmente importantes la derogación de la ley de secretos, que obstaculizaba el acceso a la información pública, y, recientemente, del decreto 116-2019 referente al fondo departamental, a través del cual los diputados del Congreso han venido dirigiendo recursos presupuestarios.
Para seguir fortaleciendo la gobernanza, las autoridades tienen previsto establecer un registro nacional de empresas que incluirá información sobre beneficiarios finales y un sistema electrónico de declaración del patrimonio para los empleados públicos. Para fomentar el crecimiento y el empleo será crucial velar por la sostenibilidad del sector energético, entre otras formas, mediante la implementación firme del programa de las autoridades para la reducción de pérdidas y fortalecimiento de la posición financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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