También se amplió la amnistía migratoria y 100 millones de lempiras más al Registro Nacional de las Personas
En sesión “extraordinaria”, el Congreso Nacional aprobó tres leyes de emergencia, una de carácter humano por la crisis de migrantes sudamericanos y dos relacionados a ampliaciones presupuestarias para el Instituto de Transporte y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Con dispensa de dos debates, se aprobó una ampliación de amnistía migratoria, para que las personas migrantes que transitan por el país no paguen ninguna sanción. La amnistía venció ayer generando problemas en la frontera sur del país.
El pleno también aprobó la asignación de 100 millones de lempiras para el cumplimiento de la “restructuración del Registro Nacional de las Personas (RNP)”. Según el decreto, se instruye a la Secretaría de Finanzas incorporar en el presupuesto del RNP para el año 2023, el monto de 100 millones de lempiras, para mejorar y fortalecer su funcionamiento mediante una “inversión financiera significativa”.
No se dieron explicaciones sobre el gasto del RNP ni sobre el destino específico de los fondos.
Pero la mayor partida de gasto fue aprobada “por unanimidad” y se refiere a la “ampliación de la compensación económica provisional del pasaje a los usuarios del servicio de transporte público”, misma que evitaría un amento de tres lempiras al precio del pasaje del bus urbano.
El subsidio original fue aprobado en agosto del año pasado, Decreto No. 78-2022, por un período de tres meses (de octubre a diciembre) y bajo la misma premisa de evitar un aumento de la tarifa en el transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, y mejorar el servicio.
Para ello se aprobó un “fondo de 240 millones de lempiras” para “los concesionarios que prestan el servicio de transporte público de personas en la modalidad de bus urbano a nivel nacional, a razón de tres lempiras por pasajero transportado y hasta un máximo de 1.080 lempiras por unidad y por día trabajado, durante un período de tres meses”.
Los tres meses serían efectivos a partir de la fecha en que se comenzará a otorgar la compensación, “pudiendo ser prorrogado por
única vez, por igual tiempo y monto, es decir tres meses adicionales”.
Sin embargo, los transportistas reclaman el subsidio como una medida permanente al exigir que hay “seis meses de retraso” y que les adeudan 160 millones de lempiras a la fecha.
El Decreto 78-2022 establecía también que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en un término de treinta (días a partir de
la entrada en vigencia), deberá presentar el proyecto de identificación y registro de las personas naturales que utilizan habitualmente el servicio público de transporte mediante el pago de una tarifa, es decir de los usuarios.
“Así como el sistema y mecanismo que será instalado en las unidades de transporte, con el fin de que los concesionarios y el Estado verifiquen el control exacto, focalización y compensación económica provisional del pasaje establecida”.
Los concesionarios contaban con un plazo máximo de tres meses, para proceder a realizar el proceso de certificación en la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) de los pilotos y colaboradores que se encuentran asignados a la unidad por la cual fueron beneficiados.
Esa información no fue presentada ni exigida por los parlamentarios.
