También denuncian el nombramiento como co árbitro Claus Von Wobeser por estar ligado al bufete de Próspera
El gobierno denunció “pública y juridicamente” al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas (CIADI) “por violar las leyes y el procedimiento” en el caso contra el Estado de Honduras a petición de la ZEDE Prospera lnc y sus asociadas.
En rueda de prensa, presentaron la denuncia el procurador general de la república, Manuel Díaz Galeas, acompañado por el canciller, Eduardo Enrique Reina, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y el comisionado presidencial para la defensa del territorio, Fernando García.
Según la declaración, la admisión del caso de Próspera por el Centro de Arbitraje se “ha hecho caso omiso de la reserva legal que registró el Estado de Honduras al adherirse al Convenio desde el año 1988, y violenta el principio de la pacta sunt servanda que rige todos los tratados intemaciooales. Este principio establece la obligación de los inveisionstas de agotar las vías judiciales internas antes de recurrir al CIADI”.
El arbitraje debe ser el último recurso, señala el gobierno hondureño.
Los funcionarios señalaron que la demandantes han “visto en el litigio la oportunidad de sumarse al saqueo con un falso arbitraje con el que pretenden que el Estado de Honduras les pague 10.700 millones de dólares: por lo que el Estado de Honduras se reserva el derecho de denunciar el Convenio“.
En el informe los funcionarios señalaron que de manera “fraudulenta”, el CIADI “nos impone como ártitro al doctor Claus Von Wobeser, quien guarda nexos comprobados como representante en otros casos, de la contraparte que representa a la demandante Próspera Inc. Es inadmisible un árbitro con conflicto de intereses”.
Rixi Moncada calificó de ilegal el nombramiento de Von Wobeser luego que este formara parte de una firma de abogados que ha representado a la parte demandante. Además cuestionó que el CIADI como organismo internacional emitiera esta controversia de nombrar un arbitraje internacional haciendo caso omiso de la legislación de Honduras y de disposiciones previsto en el derecho interno.
“Esos enemigos van a perder a nivel nacional e internacional porque nos asiste la razón, el derecho, los principios y una normativa nacional vigente desde 1988 y ratificada en el 2000”, expresó.
La ZEDE Próspera demanda al Estado hondureño por 10.700 millones de dólares. El 20 de abril, el CIADI nombró a David W. Rivkin (EE UU) como árbitro.
“Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro vamos a defender la soberanía, el territorio, a toda costa, en nombre del Gobierno de Honduras y en favor del pueblo hondureño”, dijo el canciller.
Agregó que el tema de las ZEDE resulta una aberración jurídica desde todo punto de vista, pues pretende destruir al Estado de Honduras, desarticularlo, y en la práctica crear, islas que estuvieran sujetas al manejo de cualquier entidad, como empresas, posiblemente vinculadas al crimen internacional y al crimen organizado.
Reina sostuvo que las ZEDE serán investigadas por la Comisión Internacional contra Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una entidad de investigación impulsada por la ONU, que pudiera instalarse en 2024.
El 21 de abril de 2022 el Congreso Nacional derogó las ZEDE (aprobada en 2013), al considerar que lesionaban la soberanía nacional (casi el 33% del territorio sería afectado, según el Gobierno). La derogatoria aún no ha sido ratificada.
El CIADI es una institución dedicada a resolver controversias relativas a inversiones internacionales a través de reglas de conciliación, mediación, arbitraje o comprobación de hechos, con más de 800 casos administrados en sus 56 años, de ellos tres contra el Estado de Honduras, que los ha perdido.
