El gobierno acelera los pasos para romper con el secreto bancario y autorizó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a revelar las cuentas de los titulares de las instituciones que integran el Poder Ejecutivo y exhortó al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia que hagan lo mismo.
La determinación fue tomada en Consejo de Ministros, donde se aseguró que “por transparencia” la medida abarcaría el patrimonio de los funcionarios que es declarado ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, sería hasta la publicación en el Diario Oficial La Gaceta que se conocería el alcance de la información al público.
Eliminar al secreto bancario, con fines fiscales, es una de las reformas incluidas en el proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
Según el decreto ejecutivo “Transparencia financiera y combate al enriquecimiento ilícito” las investigaciones de las cuentas de los secretarios y subsecretarios de Estado, titulares de las instituciones autónomas, desconcentradas y centralizadas serán realizadas a través de la unidad de inteligencia financiera de la CNBS, sin prejuicios de la competencia del TSC.
Cada funcionario deberá autorizar por escrito la intervención y deberán hacerlo en un plazo de un mes, a partir de la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta.
La ministra de Finanzas, Rixi Moncada sería la primera funcionaria que presentará la autorización para que sus cuentas sean revisadas, ya sean en el país o fuera del mismo, en el marco de la” transparencia y lucha contra la corrupción”.
La medida no se aplicará a los cónyuges de los funcionarios, es decir que no se aplica al esposo de la Presidenta, Xiomara Castro, el ex presidente Manuel Zelaya Rosales actual asesor presidencial.
El ministro de Salud Manuel Matheu propuso que la medida los incluyera, pero la presidenta Castro lo rechazó al decir “los funcionarios somos nosotros”.
Secreto bancario
La medida violenta el “secreto bancario” que según la Ley impide a los entes financieras revelar información de las cuentas de los clientes, con excepción de los empleados públicos que es entregada al TSC y cuando hay solicitud para investigación judicial o tributaria a través de la CNBS.
Es decir que actualmente el TSC ya cuenta con la información de las cuentas de los funcionarios y podrá revelarlas o entregarlas al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para su acceso público.
La Ahiba solicitó al Gobierno que no revisara el secreto bancario por el temor del retiro de dinero de los clientes que estimen que se violenta su privacidad.
