El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles en cadena nacional su decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un “gobierno de excepción”. Además dijo que se convoca a nuevas elecciones en el Congreso Nacional en un plazo de nueve meses y un “toque de queda” desde las 10:00 p.m. a las 4:00 a.m.
Castillo hizo el inespirado anuncio a pocas horas de que se discutiera una moción de censura en su contra. Varios ministros presentaron su renuncia incluyendo el Ministro de Defensa.
Un día antes, Castillo, acusaba al Congreso de aplicar “una nueva modalidad de golpe de Estado”, en respuesta a la denuncia constitucional que lo acusa de liderar una organización criminal.
Las declaraciones se produjeron horas después de que el Ministerio Público anunciara que Patricia Benavides, fiscal general, presentó una denuncia constitucional contra Castillo en el Congreso por liderar una supuesta organización criminal, tráfico de influencia y colusiones.
El presidente negó “rotundamente las acusaciones” y acusó a la Fiscalía de actuar “políticamente”, agregando que no tienen pruebas en su contra.
Así mismo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de “persecución política”, pero que se mantendrá “en pie y firme” hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026.
“A nosotros no nos van a amedrentar”, agregó Castillo, quien también dijo estar dispuesto a “entregar la vida” y a que su “sangre corra por la calle en beneficio del pueblo”.
La acusación de la Fiscalía
“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, anunció Benavides en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.
La denuncia “se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, indicó la Fiscalía en Twitter.
La denuncia también alcanza a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.
En Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios del Estado y aforados (como el presidente de la República y congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción, según explicó la Fiscalía, mientras el gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.
Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada, la fiscal de la Nación podría formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
