El Icefi y la Fundación Friedrich Ebert, dicen que sin medidas de política pública y fiscal, no se cumplirá
Honduras, como casi toda la región centroamericana, está lejos de cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el año 2030 propuesta por las Naciones Unidas, señala el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Los ODS 2030, son una llamada a la acción a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta así como garantizar la paz y la prosperidad. Sin embargo, las políticas económicas no han dado resultados en mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.
El Icefi y la Fundación Friedrich Ebert Honduras, presentaron los resultados del III Informe de Política Fiscal y la Agenda Fiscal 2030 para Honduras. La misma hace un diagnóstico de la situación socioeconómica y fiscal y una propuesta de medidas de política pública y fiscal que permiten avanzar en cinco objetivos claves, pero se requiere apoyo público e inversiones por “19.000 millones de dólares” en un período de ocho años.
Jonathan Menkos, Director Ejecutivo del Icefi, hizo la presentación del caso hondureño y la propuesta para cumplir con los ODS. Destacó el rebote económico del año pasado, cuando la economía creció 10,3% recuperando la caída de 9% en 2020.
Sin embargo, el crecimiento promedio anual oscila entre 3,5 y 4%. “Lamentablemente, el crecimiento de la actividad económica no ha sido suficiente para mejorar el nivel de PIB per cápita del país, el cual, junto a Nicaragua, son los menores y de más baja dinámica en la región centroamericana”, señaló.
Pobreza y desigualdad
En materia social, Honduras es el país de la región con el mayor número de pobres, y “conjuntamente con Guatemala, Honduras es el país más desigual de la región, con un índice de Gini de 0.53 y con el hecho que del ingreso producido, el quintil mas rico del país percibe 18.5 veces más ingresos que el quintil inferior de personas”, dijo Menkos citando el informe.
Además, la incapacidad del aparato productivo para generar empleo en las cantidades y calidades necesarias ha provocado que Honduras sea el país con el mayor nivel de informalidad de la Centroamérica, al tiempo en que la migración forzada es constante.
En materia ambiental Honduras continuó perdiendo bosques en forma acelerada; asimismo, se identifican patrones de consumo ambiental insostenible, especialmente de agua.
En el contexto jurídico y político, la administración gubernamental actual hereda un aparato público en donde predomina el debilitamiento del Estado de Derecho, el irrespeto a la ley, la participación ciudadana limitada y un esquema de funcionamiento que ha privilegiado la corrupción y la impunidad, el tráfico de influencias y los privilegios particulares.
En materia de género, en el país se manifiesta una fuerte desigualdad, por ejemplo en la estructura de trabajo: la mujeres perciben una remuneración menor a la de sus pares hombres; una fuerte prevalencia del trabajo no remunerado de la mujer y bajos niveles de acceso a la salud, educación y sistemas de seguridad social, así como en la participación política.
En materia fiscal, aunque los recursos públicos del Estado hondureño han mejorado ligeramente, no lo han hecho al ritmo que las necesidades del país lo demandan, así la carga tributaria se elevó desde el 13.6% del PIB en 2001 al 15.9% esperado en 2022.
El gasto del país, en términos del PIB, se ha mantenido relativamente constante desde el inicio del presente siglo, sin embargo, persisten prácticas de inefectividad. El BID, de la misma forma como Icefi lo mostró en su momento, ha concluido que alrededor del 4.6% del PIB se desperdicia, sin lograr los resultados esperados.
Esto se refleja en el nivel de corrupción del país, medido por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en donde conjuntamente con Guatemala y Nicaragua, Honduras está en el cuartil de las naciones más corruptas del mundo. En forma complementaria, la deuda soberana del Estado ha crecido denotando algunos signos de vulnerabilidad, especialmente en la relación con los ingresos tributarios.
Una propuesta fiscal 2030 para cumplir cinco ODS
El Icefi propone el establecimiento de una agenda de acciones y mecanismos de política, denominada Agenda Fiscal 2030 para Honduras, cuya ejecución crearía las condiciones para mejorar el bienestar social al tiempo en que se aumenta la capacidad productiva y de empleo y se promueve la sostenibilidad ambiental.
La Agenda Fiscal 2030 pretende la implementación de cinco objetivos nacionales, siendo ellos: “la erradicación de la pobreza extrema; la universalización de la educación primaria y secundaria; la universalización de la salud; el fortalecimiento de la infraestructura que implicaría la universalización de los servicios de agua, electricidad y saneamiento y el incremento significativo de la infraestructura vial, así como la creación de condiciones para construir un Estado efectivo para el cumplimiento de sus responsabilidades”.
Las acciones contenidas en dicha agenda “cuestan aproximadamente $19.000 millones que deberán sumarse al gasto e inversión pública”. Esto representa alrededor de 10.1% del PIB a ejecutarse durante el período 2022-2030.
Para financiar dicha agenda, “Honduras, con la voluntad política suficiente, puede explorar espacios fiscales disponibles por alrededor de 13,1% del PIB, que devendrían de la reducción en el incumplimiento tributario, la mejora en el control de tratamientos tributarios diferenciados, la reducción de los flujos ilícitos de capital, la eliminación de los gastos ineficientes y la mejora en la administración de la deuda pública”, dice el Icefi.
Los analistas del Icefi estiman que la implementación de la Agenda, produciría efectos sociales de gran envergadura, además de reducir el nivel de deuda pública en cerca de diez puntos del PIB, la elevación de la producción potencial del país en alrededor de 1% y la creación de unos 270,000 nuevos empleos durante el período.
Aunque no cumpliría con todos los ODS, “si garantizaría una mejora sustantiva en el bienestar, de la productividad social y económica y la construcción de un Estado más efectivo, y aun cuando todavía hay muchos aspectos por evaluar, implicaría un paso transcendental hacia la construcción de una mejor Honduras, moderna, desarrollada y competitiva”.
