La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Joyce Wong, aprobó a nivel de personal técnico la cuarta revisión del programa de reformas de Honduras apoyado por el FMI bajo el Acuerdo Stand-By (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA).
El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, programado tentativamente para junio. El personal técnico también propondrá aumentar el nivel de acceso bajo las facilidades SBA/CFA en DEG150 millones (alrededor de US$215 millones), llevando el acceso total a DEG537 millones (alrededor de US$769 millones).
El aumento se justifica en el contexto de las necesidades de balanza de pagos provocadas por las tormentas tropicales y la continuación de la pandemia. El financiamiento apoyará el plan de reconstrucción sostenible de las autoridades y sus esfuerzos relacionados al combate al COVID-19, leyó el representante del FMI en Honduras, Jaume Puig.
“La pandemia prolongada y las tormentas tropicales Eta e Iota han golpeado duramente a Honduras. La economía estaba comenzando a recuperarse en la segunda mitad de 2020, respaldada por una reapertura gradual, políticas fiscales, monetarias y financieras de apoyo y las remesas. Sin embargo, Eta e Iota azotaron el país en noviembre”.
Como resultado, el PIB real se contrajo un 9 por ciento en 2020. El crecimiento de las remesas, la fuerte contracción de las importaciones y las exportaciones resistentes apoyaron la posición externa de la economía.
Se espera que la economía se recupere moderadamente en 2021, apoyada por el gasto doméstico en reconstrucción y el fuerte crecimiento en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la pandemia y los gastos de reconstrucción continúan generando grandes necesidades fiscales en un entorno con
condiciones de financiamiento externo más restrictivas y mayores riesgos de volatilidad de mercado.
Las autoridades de Honduras continúan gestionando la crisis sin precedentes dentro de los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), utilizando de manera apropiada la flexibilidad incorporada dentro de la LRF para implementar una respuesta fiscal bien focalizada a la crisis.
El déficit del sector público no financiero (SPNF) se amplió al 5½ por ciento del PIB en 2020, impulsado principalmente por menores ingresos fiscales, mientras que los gastos para contener los efectos humanitarios y económicos de las crisis se compensaron en gran medida mediante la reasignación de gastos no prioritarios.
“Se han logrado avances significativos para abordar los desafíos de implementación en la fase inicial de la pandemia, incluida una gestión más transparente del gasto de emergencia y la mejora de los controles sobre su ejecución. Las medidas monetarias y financieras excepcionales adoptadas también tuvieron un papel fundamental para amortiguar el impacto de la crisis. Las tormentas tropicales de fines de 2020, que agravaron el impacto de la pandemia, justifican una nueva activación de la cláusula de escape bajo la LRF este año. El déficit del SPNF podría alcanzar hasta el [5.4] por ciento del PIB en 2021”, agrega.
El compromiso del Gobierno es de prudencia fiscal y reducir el déficit fiscal del SPNF al 1% para el año 2023.
Racionalizar los incentivos fiscales, continuar reduciendo el gasto púbico no prioritario y la reforma del sector eléctrico, serán claves para el cumplimiento del programa económico, señala el FMI.
En conferencia de prensa, Puig dijo que la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE son parte de la mejora del sector y al mismo tiempo la vigilancia sobre contratos de energía denunciados por organizaciones civiles.
