Al parecer el Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), quieren defender las finanzas de la empresa más que las autoridades interventoras y reguladoras.
Los sindicalistas están solicitando el veto Presidencial a la aprobación del Congreso Nacional de la extensión por 12 años de cuatro contratos de energía eléctrica con la empresa Comercial Laeisz, al considerar que viola la Ley General de Energía Eléctrica (LGIE).
ha llevado a un debate entre las autoridades y ha puesto en duda la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGID).
Los contratos, que suman 77 megavatios, fueron aprobados en la licitación pública internacional de 840 megas en 2018, por un período de 3 años y seis meses, pero fueron revisados en la ENEE con algunas modificaciones.
Según el Congreso Nacional la aprobación de la extensión de 3 a 15 años, fue a petición del Ejecutivo y basado en el artículo 15 de la LGIE que establece un plazo mínimo de 10 años por contratos de energía firme.
Sin embargo, Miguel Aguilar, presidente del STENEE, señaló que ni la extensión de plazos ni cambios en condiciones contractuales cuenta con la aprobación del ente regulador (CREE) como dice la Ley.
“La licitación la hicieron a tres años y en términos de emergencia, por eso es que no se cumple el Artículo 15, que dice que los contratos pueden ser de diez años, claro ésta la hicieron, porque había que resolver la emergencia y la hicieron metiendo diésel que es más caro que el bunker”, declaró.
El diferencial del costo entre diesel y bunker, modifica el precio final y sería parte de la anunciada reducción del precio. “Todo el procedimiento se ha violentado”, reclamó.
Aguilar, quien reiteró que acudirán a los tribunales a denunciar la aprobación, sostiene que se ha violentado el Decreto 404-2013 de la Ley General de la Industria Eléctrico y el Decreto 61-2020 que le da a la CREE independencia.
“Los abogados manifiestan que debe consumarse el hecho y el Congreso le dio a la ENEE 10 días, entonces, por lo menos, dicen ellos, esperar los diez días que salga el dictamen de la ENEE a la CREE y con ese dictamen de la ENEE ir al Ministerio Público”, agregó.
Para el sindicalista la Comisión Interventora debe actuar en base a la Ley, revisando si existen modificaciones a nivel interno de la ENEE que infrinjan la Ley, además de preguntar a la CREE si aprueban o no ese contrato que es “impagable”.
“Nosotros venimos diciéndole muy respetuosamente al señor Presidente Juan Orlando Hernández, que este Decreto debe de vetarlo, independientemente que haya salido del Ejecutivo, pero se puede rectificar, porque esto prácticamente distorsiona y pone en precariedad a la empresa del Estado, pone en precario a la población y a otros actores que están en la cadena”, concluyó.
