La cifra supera la compra de los siete hospitales móviles de Invest-H
Es quizá, la concesión público privada que mayores facilidades tiene actualmente, incluido la ampliación de plazos, no pagar canon y, próximamente, administrar un aeropuerto sin realizar una licitación.
Se trata la empresa Palmerola International Airport (PIA), del Grupo EMCO, quienes, sin estar operando, han solicitado al Gobierno un aporte adicional, ya que el sector se verá afectado por la actual crisis del coronavirus.
La petición es de “51.3 millones de dólares”, unos 1.282 millones de lempiras, un valor superior a la cuestionada compra de siete hospitales móviles, y sus plantas de tratamiento de residuos, que realizó Invest Honduras.
Aunque el Gobierno, a través de Insep, no solo perdonó el retraso en la entrega de la obra (prevista para el 2019), el empresario Lenir Pérez Solis, presidente de EMCO y representante legal de PIA, estimó que el monto es la reducción que tendrá la concesión el proyecto por la “drástica caída en el tráfico de pasajeros” a causa de la pandemia del Covid-19.
Bajo ese argumento, el país corre el riesgo que el actual concesionario de los aeropuertos solicite un reembolso de fondos por el cierre de las terminales.
Prebendas y más prebendas
La nota está dirigida a Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), ente que sigue sin publicar los informes de avances de las concesiones vigentes.
La misiva retoma los informes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), de los efectos del Covid-19, y calcula que habrá una reducción del volúmen de pasajeros en los próximos 12 años.
Ya que el proyecto debe ser viable, financiera y técnicamente, los concesionario proponen un arreglo directo, de beneficio para las partes.
El proyecto Palmerola ha sido impulsado desde la Presidencial y cuenta con fondos de la reducción de la pobreza, aprobados por España. El contrato original fue revisado y ampliado por parte del Congreso Nacional, con prebendas especiales, como el manejo del Toncontín a partir de este año, sin necesidad de licitación.
También aumentó el valor de la concesión, incluso las obras actuales de construcción están a cargo de una constructora privada, pagada con fondos público y de la “reducción de la pobreza”.
