El gobierno remitió al Congreso Nacional una Ley de Auxilio al Sector Productivo y Trabajadores, con más reformas legales que programas de ayuda social o económica directa.
La Ley, que fue aprobada casi en su totalidad, incluyó reformas a la Ley de Municipalidades, Ley de Telecomunicaciones, Ley del RAP, Ley Administrativa y del Notariado, Ley de Banhprovi, además de pretender reformas tributarias de enviar por correo los avisos fiscales del SAR.
La amnistía fiscal dejo por fuera a las grandes empresas, excepto en el tema de pagos a cuenta (pagos anticipados a la renta), y no estable claramente cuáles son las pequeñas y medianas que podrán acogerse a la prórroga en el pago de impuestos.
El aporte solidario a los empleados “suspendidos” por las empresas por el toque de queda decretado por el gobierno, sería de 6.000 lempiras (no se mencionó la cifra en la lectura del proyecto), con aporte del gobierno (a través de Finanzas), los empresarios y el RAP.
Lo que sí se aprobó directamente sobre el RAP, es que deberá entregar las aportaciones a los empleados suspendidos (no solo a despedidos), en tres pagos mensuales y hasta por 9.000 lempiras acumulados.
Para el diputado Yuri Sabas, no se aprobó ningún apoyo a las empresas “porque las empresas no van a sostenerse meses pagando salarios y deudas”.
Varios diputados reclamaron que no se aprobarán ayudas directas a la población, y que se condiciona el alivio fiscal a mantener los puestos de trabajo para las Mipymes.
Reformas no consensuadas
El Congreso autorizó a Finanzas a gestionar hasta 2.500 millones de dolares en deuda pública (interne y externa), para atender la emergencia sanitaria. Estos recursos son adicionales a los ya aprobados por el Legislativo y y al Presupuesto General de este año.
La ley incluyó también la transferencia de fondos a las alcaldías del primer trimestre aún cuando no hayan declarado sus gastos en 2019. Según la Secretaría de Finanzas la mayor parte de los alcaldes no han cumplido con el procedimiento legal.
Se aprobó también la realización virtual (medios digitales) de los directivos de los Poderes del Estado, municipalidades e instituciones públicas, además de mecanismos de comercio y firma electrónica en procesos administrativos, incluso de papeles de notariado. Esta medida no fue consensuada con el Colegio de Abogados.
Se autorizó a Conatel a contrataciones directas para ampliar la banda ancha del país, reformando así la Ley de Telecomunicaciones, usando recursos del FITT (fideicomiso de telecomunicaciones). Los diputados cuestionaron la reforma por considerar que ni siquiera se ha cumplido con el servicio a las escuelas públicas.
Se agregó la autorización a la importación de materias primas para elaboración de insumos médicos y antisépticos, libre de impuestos sobre ventas y de importación.
La Ley de Banhprovi, también se modificó para readecuar deudas y garantías para préstamos a productores durante y después de la crisis sanitaria.
Para la empresa privada, el diálogo con el gobierno se centró en la amnistía tributaria, apoyo de Banhprovi y aporte solidario a los empleados suspendidos.
“Esperábamos que el Congreso incluyera en la Ley a todas las empresas, ya que las grandes generan el 80% de los impuestos y ahora quedamos en incertidumbre de lo que pasará con los empleos y las inversiones”, dijo Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC).
Se espera que la próxima semana se analicen en el Congreso “medidas concretas” para mantener los empleos y las bases de la recuperación económica, agregó el directivo empresarial
