En medio de polémica entre diputados, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social que incluye reformas al sistema de seguridad que abre el camino a la privatización de servicios de salud.
La Ley fue introducida por el Ejecutivo como parte del plan para combatir el coronavirus y estimular la economía con exoneración de trámites para compras y contrataciones, así como acceso a crédito a través de Banhprovi.
Pero la Ley retoma la capitalización de la Red Integral Pública de Servicios de Salud (RIPSS), figura aprobada en 2014, que fue rechaza por el temor de la privatización de los servicios al permitirse la contratación de clínicas por parte dle Seguro Social.
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, señaló que la intención es construir unas 90 clínicas, contratar personal y sistemas digitales, lo que requerirá una millonaria inversión pública (420 millones de dólares) y un plazo no definido de ejecución.
La ley aprobada no contempla montos ni endeudamiento, pero si un programa de capitalización de los RIPSS con aportes anuales de Finanzas, en un período inicial de “cuatro años”.
Para Yahvé Sabillón, diputado de Libre, consideró que la intención es “privatizar de forma disfrazada la salud”.
“Nadie en su sano juicio va a oponerse a que los sistemas de salud sean fortalecidos, lo que sí estamos en contra es en licitaciones directas, compras de emergencia. Estamos en contra es que el modelo actual de salud está siendo debilitado, el dinero, esos 420 millones por qué no los ocupamos para fortalecer el Hospital Escuela, el Hospital de El Tórax, el San Felipe”, cuestionó.
¿Plan Prosolidar?
Según la Ley aprobada, para atender la emergencia actual se requiere de mejoras en infraestructura y servicios, y el financiamiento del Fondo para la Promoción Solidaria y de Auxilio Recíproco Plan-Prosolidar.
La contribución está establecida en la Ley Marco del Sistema de Protección Social, y que debe ser destinada al pago de los gastos operativos y administrativos de la Red Integral Pública de Servicios de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La asignación de recursos presupuestarios debe ser consignada por la Secretaría de Finanzas dentro del Presupuesto General de la República aprobado cada año por el Congreso Nacional, considerando la tabla incremental de adecuación gradual y progresiva siguiente:
2020 Entre 51,000 a 77,000 salarios mínimos
2021 Entre 64,000 a 80,000 salarios mínimos
2022 Entre 80,000 a 100,000 salarios mínimos
2023 Entre 100,000 a 125,000 salarios mínimos
2024 Entre 125,000 a 150,000 salarios mínimos
Se hará uso de los recursos generados por el tres por ciento (3%), incorporado al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la reducción
de la pobreza extrema. Los aportes estatales deben ser consideradas como parte de la obligación que se deriva del Artículo 143 de la Constitución de la República y del Artículo 55-A de la Ley del Seguro Social.
