Moody’s mantiene nota de riesgo B1 para Honduras

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Moody's afirma calificación de riesgo para Honduras

La calificadora internacional Moody’s  afirmó hoy la calificación de B1 con perspectiva Estable a Honduras, la misma que mantiene el país desde el 2018.

B1 significa una calidad del mercado de “altamente especulativo”, pero permite menores tasas de interés. Es la nota más alta que ha alcanzado el país.

De acuerdo con la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, mantener la calificación es positivo porque manda una señala de estabilidad macroeconómica y acceso a financiamiento a tasas de interés relativamente bajas.

“Es bien importante, porque en este contexto complejo que hemos venido llevando como país a nivel político, económico, social, pues Moody’s nos afirma una calificación de B1 con una perspectiva estable”.

“Nos mantiene en un rango de la calificación anterior, no retrocedemos y estamos en una tendencia de estabilización de todo el marco macroeconómico del país”, destacó.

Tábora remarcó que “ahora somos de los países que tenemos un bajo riesgo en el tema de credibilidad e inversión”.

Para el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, hay un avance en las notas, ya que en junio de 2013 el financiamiento para el país era de 7,5 por ciento más casi un 3 por ciento por riesgo.

Hoy en día las tasas oscilan entre 6,5 y 7,5%, destacó.

Los retos se mantienen

En diciembre anterior, la firma calificadora, advertía sobre el crecimiento de 2,1% de la deuda pública (externa e interna).

En este año esa deuda ya supera los “11.500 millones de dólares”, datos de Finanzas, cerca del 48% del valor de la producción nacional de bienes y servicios (PIB).

Entre los factores riesgo Moody´s señalaba: “un limitado mercado local de capitales, rigidez en el régimen cambiario que restringen la política monetaria, instituciones débiles en general y altos índices de delincuencia”.

Entre los retos, señalan el mantener la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y un nivel estable de deuda pública, mejorar las condiciones para alcanzar un crecimiento económico sostenible y
reducir la pobreza.

Además de superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y en el sector energético y continuar reduciendo la corrupción y los niveles de criminalidad.

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