Cohep duda de un acuerdo con el FMI por problema de deuda de la ENEE

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El presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy

La empresa privada descarta que el gobierno pueda lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin resolver el problema de la deuda de la estatal de energía.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del  Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (Cohep), consideró que la deuda de la ENEE supera los problemas que tienen otros entes públicos, como Hondutel.

Agrega que la deuda de la estatal de energía debe renegociarse en términos concesionales y a 30 años de plazo.

El empresario, minimizó la crisis que vive la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones al señalar que las operadoras privadas en el país, “tienen resueltos nuestros problemas de comunicaciones” al ofrecer más de ocho millones de celulares.

“El problema del país es el tema energético, ya que puede llevar a la quiebra las finanzas públicas”, advirtió.

“Imagínese usted que la deuda de la ENEE son 55 mil millones de lempiras y sigue sumando todos los días, eso es la mitad de la recaudación tributaria de un año de Honduras. Sino tomamos acciones inmediatas en el tema de la ENEE nos va a causar un problema a todos”, apuntó.

Agregó que las cifras macroeconómicas (crecimiento de 3,7%, inflación de 4,22%, déficit fiscal de 1 a 1,5% del PIB), pueden ser sanas, pero no suficientes para firmar con el FMI.

“No vamos a firmar con el Fondo Monetario porque es una gran contingencia que tiene el Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras es el aval de la ENEE”, apuntó.

Para Sikafy el camino a seguir es “reperfilar la deuda de la ENEE, no hay nada más que hacer. Esos 2.000 y pico de millones de dólares deben  de ser reperfilados, es decir adquirir deuda concesional (bajo interés) a 30 años plazo y darle un respiro a la ENEE”.

Después de negociar esa deuda (no dijo con quiénes) se debe aplicar la Ley del Sector Eléctrico que fue aprobada en el año 2014.

Esa Ley, que es parte de la “reingeniería energética” que aprobó el gobierno el año pasado, contempla una semi privatización del servicio al permitir la competencia de tarifas y servicios entre generadores privados y del Estado.