Investigación encontró embargos contra alcaldías de Choluteca y Olancho por L953 millones
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó tres informes, con indicios de responsabilidad penal, relacionados a la ejecución de embargos contra municipalidades de Choluteca y Olancho en el período de enero de 2024 a diciembre de 2025, con un «perjuicio económico» de más de 953.6 millones de lempiras.
Los tres informes se desprenden de la Investigación Especial practicada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la Ejecución de Embargos Judiciales contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH).
El equipo auditor del TSC revisó «40 expedientes originados en los Juzgados de Letras Seccionales de Choluteca y Olancho, relacionados a demandas que ascienden a L953,687,095.39 millones».
Informe penal
El informe No. 002-2026-DGSD-CSJ-C se refiere a 13 expedientes de demandas laborales contra la municipalidad de Choluteca, mediante los cuales se ejecutaron embargos contra fondos de la Cuenta Única del Estado por 32.5 millones de lempiras.
«Se comprobó que los exhortos (auxilio judicial) utilizados para ejecutar los embargos carecían de respaldo documental, al no acompañar acuerdo conciliatorio, auto de ejecución de embargo ni referencias claras a dichos documentos, pese a que sirvieron como base para afectar fondos de la Cuenta Única del Estado», señala el TSC.
Se determinó que los 13 exhortos fueron presentados por un abogado que figuró como apoderado legal de la supuesta parte demandante o por personas vinculadas a él, los que fueron recibidos, «tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sin evidencia de confirmación documental, electrónica, institucional o telefónica con el juzgado de Letras Seccional de Choluteca».
El Juzgado de Choluteca desconoció la emisión de los 13 exhortos, firmas, sellos y actuaciones atribuidas a ese órgano jurisdiccional; además, algunos números de expediente correspondían a procesos reales contra empresas privadas y uno contra la municipalidad de Choluteca con alteración de partes procesales y cuantía, y otros no existían en sus libros de control ni sistemas electrónicos.
Se verificó que, con base en dichos exhortos, se practicaron embargos sobre la Cuenta Única del Estado en el BCH, trasladándose los fondos a una cuenta del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, desde la cual se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuró como apoderado legal de la supuesta parte demandante.
El monto total pagado de los 13 expedientes investigados ascendió a L32,545,791.88 millones. Se identificó la participación de diversas personas naturales, profesionales del derecho, así como funcionarios y servidores judiciales vinculados en la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos examinados, indica el informe.
Por irregularidades en el manejo y gestión de dichos procesos, indicativos de indicios de responsabilidad penal, el informe se notificó al Ministerio Público por ser el ente facultado para la presentación del requerimiento fiscal ante los tribunales de la República.
Otros dos informes
En los informes No 002-2026-DGSD-CSJ-A y No 002-2026-DGSD-CSJ-B se refieren a la investigación de 27 expedientes, 25 de demandas contra municipalidades de Olancho y dos de Choluteca, en los cuales los embargos contra la Cuenta única del Estado ascendieron a L921,141,303.51 millones.
El TSC evidenció que los Juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca no libraron directamente a la Tesorería General de la República (TGR) el oficio o copia de la sentencia firme previo a la ejecución material de los embargos, incumpliendo el procedimiento especial establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto correspondiente a los años 2024 y 2025.
Se dictaron autos ordenando la ejecución de los embargos en contra del Estado, sin que obre en los expedientes judiciales evidencia documental de haber librado directamente a la TGR la copia de la sentencia firme para la debida reserva y ajuste a la disponibilidad presupuestaria.
«La inobservancia del procedimiento especial presupuestario generó un riesgo potencial de afectación a rubros protegidos, tales como el servicio de la deuda pública, los servicios personales y la función operativa institucional de las municipalidades demandadas», apunta la institución.
El TSC recomendó a las autoridades del Poder Judicial instruir a los órganos jurisdiccionales remitir oportuna y directamente a la TGR y a la institución demandada las sentencias firmes emitidas contra instituciones del sector público, a fin de que los montos a pagar se ajusten a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
