La firma legal Susman Godfrey presentó una demanda para impugnar la orden del presidente Donald Trump del 9 de abril, argumentando que este violó la Constitución al criticar a la firma por su trabajo en los tribunales.
La firma solicitó a un juez federal en Washington que congelara la orden, que restringe el acceso de los abogados a los edificios gubernamentales y obliga a las agencias a rescindir los contratos federales con los clientes de Susman.
“El Presidente está abusando de las facultades de su cargo para ejercer el poder del Poder Ejecutivo en represalia contra organizaciones y personas que le desagradan”, declaró la firma en la denuncia. “Ninguna disposición de nuestra Constitución ni de nuestras leyes le otorga a un Presidente tal poder; al contrario, las disposiciones específicas y el diseño general de nuestra Constitución se adoptaron en gran medida para garantizar que los presidentes no puedan ejercer un poder arbitrario y absoluto como el Presidente pretende hacerlo en estas órdenes ejecutivas”.
Los representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
La demanda convierte a Susman en el cuarto gran bufete de abogados en impugnar a Trump por las órdenes ejecutivas en su contra, que también privan a los abogados de sus autorizaciones de seguridad. Esto ocurre mientras una creciente lista de firmas corporativas, como Kirkland & Ellis y Latham & Watkins, llegan a acuerdos preventivos con el presidente, comprometiéndose a destinar un total de US$940 millones en servicios legales gratuitos para evitar ser blanco de las críticas.
Los abogados de Susman, fundada en Houston, representaron a Dominion Voting Systems Inc. en una demanda por difamación contra Fox Corp., que culminó con el acuerdo de la compañía de pagar US$787,5 millones. El caso se basó en informes de la cadena que vinculaban las máquinas de votación de Dominion con teorías conspirativas sobre el fraude electoral de 2020. Susman presenta una demanda similar contra Mike Lindell, director ejecutivo de MyPillow y defensor de Trump.
“Susman encabeza los esfuerzos para convertir en arma el sistema legal estadounidense y degradar la calidad de las elecciones estadounidenses”, dijo Trump en la orden ejecutiva.
Otros tres bufetes de abogados —Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale— ya obtuvieron sentencias judiciales que bloquean temporalmente gran parte de las órdenes en su contra. Estos bufetes fueron objeto de persecución por sus vínculos con abogados que investigaron a Trump o trabajaron en casos en su contra.
Covington & Burling fue la primera gran firma de abogados en la mira del presidente, quien emitió un memorando revocando las autorizaciones de seguridad del socio Peter Koski debido a su representación del ex fiscal especial Jack Smith.
Susman es conocido por sus litigios de alto riesgo para una amplia gama de clientes. El bufete suele aceptar estos casos con honorarios de contingencia, lo que significa que su compensación depende en gran medida del resultado.
La firma, al igual que las otras que demandaron a Trump, detalló el daño potencial que plantea la orden.
En total, al menos un tercio de los asuntos activos del Bufete requieren que los abogados de Susman Godfrey comparezcan ante tribunales federales o interactúen con agencias federales de alguna manera —declaró el bufete en la demanda—. Y mediante sus acusaciones difamatorias contra el Bufete, la Orden busca advertir o disuadir a los clientes de contratar sus servicios.
“En pocas palabras, la Orden pretende impedir que la Firma ejerza la abogacía, por la supuesta transgresión de realizar declaraciones con las que el Presidente no está de acuerdo”, dijo Susman.
Donald Verrilli, quien se desempeñó como procurador general durante la administración Obama, representa a Susman. El bufete de Verrilli, Munger Tolles & Olson, se ha consolidado como uno de los principales críticos de las órdenes ejecutivas de Trump. Los abogados de Munger organizaron un escrito amicus curiae en nombre de más de 500 bufetes de abogados en apoyo de Perkins Coie, Jenner & Block y WilmerHale.
“Esto va mucho más allá de los bufetes y los abogados”, declaró Susman Godfrey en un comunicado. “Hoy es nuestro bufete el que está bajo ataque, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Como funcionarios del tribunal, tenemos el deber de emprender esta lucha contra la orden ejecutiva ilegal”.
