La Corte Suprema dio luz verde para que la administración Trump ponga fin a las protecciones legales de 350.000 venezolanos, poniéndolos en riesgo de ser deportados y perder su derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
Los jueces levantaron, ayer lunes, una orden judicial federal que establecía que los venezolanos podían conservar su llamado Estatus de Protección Temporal, TPS, mientras continúa su proceso legal. El programa TPS está diseñado para proteger a los inmigrantes cuyos países de origen se encuentran en crisis.
El tribunal accedió a la petición del Departamento de Justicia de levantar la orden del juez de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, que había paralizado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección contra la deportación conferida a los venezolanos bajo el programa de estatus de protección temporal, TPS.
La breve orden del tribunal no estaba firmada, como es habitual cuando los magistrados actúan ante una petición de emergencia. La jueza liberal Ketanji Brown Jackson fue el único miembro del tribunal que disintió públicamente de la decisión.
La orden judicial de una sola página dejó abierta la posibilidad de que al menos algunos venezolanos pudieran presentar otros argumentos legales para mantener su estatus laboral. La batalla legal continúa en un tribunal federal de San Francisco.
La decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional cancelar una extensión del TPS que la administración Joe Biden implementó justo antes de dejar el cargo. La medida afectará a más de la mitad de los 600.000 venezolanos que actualmente están cubiertos por el programa.
Al bloquear la cancelación, el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco concluyó que los inmigrantes que demandaron probablemente tendrían éxito en su reclamo de que el DHS no siguió los procedimientos establecidos por el Congreso para terminar con el estatus TPS.
Chen afirmó que los migrantes enfrentaban “daños irreparables”, incluido el riesgo de ser devueltos a Venezuela, país que el Departamento de Estado aún mantiene la clasificación de “Nivel 4: No viajar”. Chen también señaló la posibilidad de que decenas de miles de familias pudieran verse separadas.
Al instar a la Corte Suprema a intervenir, el Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, dijo que la orden de Chen “contradice los juicios de los poderes políticos, prohibiendo al poder ejecutivo aplicar una política migratoria con plazos límite y extender indefinidamente un estatus migratorio que el Congreso pretendía que fuera ‘temporal’”.
Entre los venezolanos demandantes se encontraban un estudiante universitario de Florida y un especialista en informática de Texas. A ellos se unió la Alianza Nacional del TPS.
Sus abogados dijeron que la solicitud de la administración a la Corte Suprema “cambiaría radicalmente el status quo, despojando a los demandantes de su estatus legal y exigiéndoles que regresen a un país que el Departamento de Estado todavía considera demasiado peligroso incluso para visitarlo”.
La administración Joe Biden extendió el estatus TPS para los 600.000 venezolanos hasta octubre de 2026. Originalmente, estaba previsto que el grupo de 350.000 personas perdiera el estatus TPS en abril de este año.
Los demandantes dijeron a la Corte Suprema que acceder a la petición del gobierno “privaría de autorización de trabajo a casi 350.000 personas que viven en Estados Unidos, las expondría a la deportación a un país inseguro y costaría miles de millones en pérdidas económicas en todo el país”.
