El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado la decisión de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, una medida que afectaría a más de 50,000 personas que han vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas.
Ambas designaciones del TPS se remontan a 1999, cuando fueron otorgadas tras los estragos del huracán Mitch. Desde entonces, los beneficiarios han tenido que renovar su estatus cada 18 meses, sometiéndose a rigurosas verificaciones de antecedentes y manteniendo una presencia constante en el país.
La cancelación del TPS para estas dos naciones significa que decenas de miles de inmigrantes que han construido su vida en EE. UU. quedarían sin protección legal, enfrentando posibles procesos de deportación, a pesar de su historial limpio y sus aportes laborales y comunitarios.
Grupos defensores de derechos migratorios han calificado la medida como “inhumana y arbitraria”, advirtiendo que forzar el regreso de estas personas a países marcados por la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades representa un retroceso en materia de derechos humanos y una desestabilización para miles de familias mixtas.
El anuncio se enmarca en una serie de medidas más amplias del nuevo gobierno para endurecer la política migratoria y reducir los programas de protección temporal que, según la administración Trump, se han “extendido indefinidamente más allá de su propósito original”.
