Una jueza mexicana otorgó protección por bancarrota a la cadena de televisión TV Azteca SAB, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, lo que abre un proceso para que la emisora negocie con sus acreedores y evite la liquidación.
La televisora mexicana inició oficialmente un proceso de concurso mercantil, una figura jurídica contemplada en la legislación mexicana que tiene como objetivo permitir que las empresas con problemas financieros puedan reorganizar sus deudas y negociar con sus acreedores para evitar una eventual quiebra.
La resolución fue emitida por una jueza federal, luego de que la propia televisora solicitara acogerse a este mecanismo como parte de su estrategia de reestructuración financiera.
La noticia generó dudas entre los televidentes y usuarios de redes sociales, principalmente sobre si la empresa dejará de operar o si se encuentra en bancarrota. Sin embargo, el procedimiento no significa que TV Azteca haya quebrado, sino que inicia una etapa de conciliación para intentar recuperar estabilidad financiera sin detener sus actividades.
La Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles declaró procedente el inicio del proceso, con lo que la televisora podrá negociar sus obligaciones financieras bajo la supervisión de un conciliador designado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Durante este periodo, la empresa buscará alcanzar acuerdos con sus acreedores para reorganizar sus pasivos y continuar operando de manera normal. Solamente en caso de que esas negociaciones fracasen, el procedimiento podría avanzar hacia una etapa de quiebra prevista por la ley.
TV Azteca asegura que seguirá operando con normalidad
A través de un comunicado, la empresa explicó que esta decisión forma parte de una estrategia para fortalecer sus finanzas sin afectar sus operaciones diarias.
La televisora señaló que el concurso mercantil permitirá «avanzar en la reorganización ordenada de los pasivos» y consolidar una estructura financiera más sólida para garantizar la continuidad del negocio.
Por ello, la programación, las transmisiones, los noticiarios, los eventos deportivos y el resto de los contenidos continuarán desarrollándose con normalidad, mientras avanza el procedimiento judicial.
El proceso es consecuencia de diversos problemas financieros acumulados durante los últimos años. Entre ellos destaca la disputa que mantiene con tenedores de bonos en Estados Unidos, relacionada con obligaciones superiores a 580 millones de dólares, además del crecimiento de sus compromisos financieros.
De acuerdo con documentos judiciales citados por diversos medios, TV Azteca registra aproximadamente 23 mil 345 millones de pesos en pasivos, distribuidos en cerca de dos mil obligaciones financieras.
La empresa también ha señalado que la transformación del mercado audiovisual, el crecimiento de las plataformas digitales y los efectos económicos posteriores a la pandemia modificaron significativamente el entorno en el que opera la industria televisiva.
Una estrategia anunciada desde hace meses
La decisión no tomó por sorpresa al mercado. Desde febrero, la compañía había informado que recurriría voluntariamente al concurso mercantil como una herramienta para ordenar sus finanzas y facilitar la negociación con sus acreedores.
Posteriormente, en marzo, también inició el proceso para dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras concentraba en México la reestructuración de sus obligaciones financieras.
Aunque el procedimiento corresponde exclusivamente a TV Azteca, ocurre en un contexto en el que otras empresas pertenecientes al grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego también enfrentan distintos litigios fiscales y financieros. No obstante, dichos asuntos son independientes del concurso mercantil iniciado por la televisora.
A partir de la resolución judicial comienza una etapa conocida como conciliación, durante la cual la empresa negociará con sus acreedores bajo supervisión judicial. Si logra alcanzar acuerdos para reestructurar sus deudas, el concurso mercantil habrá cumplido su objetivo y la compañía podrá continuar con sus operaciones sin mayores afectaciones.
En cambio, si no existe consenso entre las partes involucradas, la legislación mexicana contempla la posibilidad de que el procedimiento evolucione hacia una declaratoria de quiebra, aunque esa etapa todavía no forma parte del escenario actual.
Por ahora, el mensaje de la televisora es claro: TV Azteca continuará operando y transmitiendo con normalidad, mientras desarrolla el proceso legal para reorganizar sus finanzas y recuperar estabilidad económica a largo plazo.
El fallo judicial, revelado el martes en un documento presentado ante el tribunal, da inicio a un proceso potencialmente largo para llegar a un acuerdo con los acreedores. El proceso en México, del que se conocen pocos detalles, constituye el último capítulo de una larga disputa con los tenedores de bonos, quienes mantienen un conflicto con TV Azteca en Estados Unidos.
El llamado proceso de concurso mercantil “permitirá avanzar en la reorganización ordenada de las deudas de la empresa, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera a largo plazo”, indicó TV Azteca en un comunicado.
TV Azteca solicitó en marzo el inicio de un proceso de quiebra en México, luego de que las empresas de Salinas, incluida TV Azteca, acordaran pagar casi $1.900 millones al gobierno por reclamaciones fiscales tras una disputa que duró una década.
En 2021, TV Azteca, productora de telenovelas y programas de telerrealidad en español, incumplió el pago de $400 millones en bonos no garantizados, en parte debido al impacto económico de la pandemia. Los abogados de los tenedores de bonos están solicitando un juicio sumario ante un tribunal estadounidense, donde reclaman casi $634 millones, incluyendo intereses.
La empresa de medios argumenta que los tenedores de bonos, entre los que se incluyen Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, deberían aceptar pérdidas de hasta 90%, según documentos presentados ante un tribunal estadounidense que hacen referencia a información sobre los procedimientos en México, donde muchos detalles aún no son públicos.
