El expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción (CHICO), Óscar Calona, denunció que el gobierno está otorgando contratos de obras públicas a Organizaciones No gubernamentales (ONG), que no cumplen con los requisitos de la Ley de contratación del Estado.
Esta contratación irregular, afecta a unas “700 empresas, entre pequeñas y medianas constructoras” que se postulan para las obras, pero son desplazadas.
Auditoria forense
“Como Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción se está solicitando una auditoria forense para revisar los procesos bajo los cuales se han amparado una serie de funcionarios para adjudicar proyectos de infraestructura”, apuntó.
Recordó que la Ley de Contratación del Estado indica que toda obra de infraestructura debe de ser licitada y que debe reunir una serie de requisitos, la persona natural o jurídica debe llenar esos requisitos.
“Algunos no los están cumpliendo, especialmente la presentación de las garantías de cumplimiento de contrato y de anticipo que reciben para la ejecución de estos proyectos”, aseguró.
“Esto conlleva a problemas serios a la administración pública porque una vez que incumplen estas ONG´s no hay forma de deducirle las responsabilidades del caso porque no tienen ninguna garantía, mientras que las constructoras y los contratistas individuales si presentan estos requisitos”, advirtió.
Calona consideró que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debería de revisar los procesos de las distintas dependencias ya que se están otorgando proyectos fuera de lo que establece la Ley.
“Esperamos que se corrija esta situación y que se haga un auditoria que revise si estos proyectos fueron ejecutados con la calidad, en el tiempo y con la garantía de que están funcionando”, concluyó.
