La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), denunció un supuesto manejo irregular de 113 millones 401 mil 824 lempiras, que son fondos del Estado transferidos a una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) durante la pasada administración de Xiomara Castro.
La investigación denominada “La red de la ONGD multirubros”, presentada ante el Ministerio Público, implica a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y programa de Red Solidaria con la INGS «Jóvenes Metas». Al menos cuatro entes dieron fondos a la ONG, incluyendo Gobernación y Justicia (L21.9 millones) y Culturas y las Artes (L2 millones)
La investigación indica que Sedesol y Red Solidaria suscribieron convenios con “Jóvenes Metas”, ONG constituida en 2017 en la ciudad de La Ceiba, con el objetivo de fortalecer habilidades laborales, arte y cultura para la juventud.
Sin embargo, detectó una organización «multirrubros» utilizada como «fachada» para actuar como proveedora directa de insumos tan diversos como comida navideña, organizadora de eventos, proveedor de juguetes, estufas industriales, calzado tipo burritos y computadoras portátiles.
Entre los hallazgos de la investigación, de los 10 convenios suscritos entre Sedesol y Red Solidaria con Jóvenes Metas, en nueve de ellos, se hizo las transferencias en un solo desembolso, cuando la ley establece que debe hacerse en tres.
Indicó que la ONG presentó informes de liquidación del dinero, pero la documentación estaba incompleta ya que no reporta quienes fueron los beneficiarios, «se desconoce el uso de cuatro millones 090 mil 340 lempiras y algunos informes fueron entregados tres días antes del cambio de gobierno»,
El 90% de los convenios operaron fuera del marco legal, para realizar compras masivas de bienes y servicios con el fin de evadir los procesos de licitación estipulados en la Ley de Contratación del Estado.
Las ex autoridades violentaron disposiciones generales del presupuesto al realizar desembolsos únicos en proyectos de alto monto.
ASJ citó que uno de los hallazgos más graves muestra un evidente conflicto de interés y un esquema de juez y parte, debido a que el convenio de mayor cuantía – por un valor de L27 millones destinados a adquirir 1 mil 026 laptops y 400 pares de calzado- fue avalado mediante un dictamen técnico elaborado por la propia Sedesol, ente que de forma simultánea actuaba bajo la figura de director ad honorem de la Dirección del Programa Becas Solidarias, firmando así el beneficio directo para la estructura bajo su control.
En este mismo convenio, ASJ detectó que 594 computadoras portátiles fueron entregadas físicamente en las oficinas de Sedesol sin que exista un registro de beneficiario final. Asimismo, señaló que 425 laptops que fueron distribuidas en centros escolares carecen de las firmas de validación institucionales.
Se adquirió 400 zapatos tipo burros que serían distribuidos a estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), pero fueron recibidos por la coordinación de gestión administrativa y operativa de Becas Solidarias de Sedesol, sin comprobantes que acrediten la entrega real.
Por lo tanto, demandó al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que inicie de manera inmediata las investigaciones para deducir responsabilidades civiles y penales a los implicados.
En la compra de alimentos, se encontró discrepancias y conflicto de interés con proveedores. Según datos de la Secretaría de Gobernación y ONCAE, Bessy Jeanette Ramírez Montoya es Fiscal de Jóvenes Meta, presidenta de Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias y representante de CARIBEX. Jose Jorge Portillo Aguilar es tesorero de la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias y representante de CARIBEX.
«Al intentar ir a las instalaciones de CARIBEX en La Ceiba, según el domicilio registrado en el SAR no se encontró ningún predio que diera con la empresa CARIBEX».
En cuanto a compra de alimentos (tamales), se encontró que La Panadería y Repostería Becerrra, que para SEDESOL vendió tamales en 80 lempiras, alcotizar directamente con la Panadería, el valor de cada tamal es de L30. La panadería también indicó no disponer de los medios logísticos necesarios para movilizarse hasta Tegucigalpa.
Finalmente, ASJ instó al Poder Ejecutivo que prohíba el uso de convenio de ONG’s como vía para evadir las licitaciones públicas.
