El crimen organizado en el Caribe se ve impulsado por el tráfico de armas que, en gran medida, puede rastrearse hasta unas pocas zonas en los estados estadounidenses de Florida y Georgia, según un estudio realizado por Small Arms Survey, con sede en Ginebra, Suiza.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado los esfuerzos contra los cárteles de droga, desde la clasificación de pandillas como organizaciones terroristas hasta el bombardeo de supuestas embarcaciones de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela.
Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente cuyas conclusiones son utilizadas por gobiernos internacionales y organismos de las Naciones Unidas, determinó que entre 2015 y 2024, siete de cada diez armas de fuego rastreadas desde seis naciones caribeñas provenían de Florida y Georgia.
El análisis abarcó Bahamas, Barbados, República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.
Alrededor del 30% de todas las armas de fuego incautadas en esos países y rastreadas con éxito hasta Estados Unidos fueron adquiridas a distribuidores ubicados en solo dos condados de Florida: Miami-Dade y Broward.
El informe también analizó incautaciones realizadas por funcionarios de Aduanas de Estados Unidos, encontrando que el 78% de los envíos ilegales de armas con destino al Caribe fueron detectados en puertos cercanos a las ciudades de Tampa y Miami, en Florida, y Atlanta, en Georgia.
Matt Schroeder, investigador principal de Small Arms Survey, señaló que la escasez de datos sobre el tráfico de armas dificulta la evaluación de la evolución de las tendencias y pidió más investigaciones al respecto.
«Cualquier campaña efectiva contra el tráfico de drogas y el crimen organizado debe analizar el tráfico de armas», declaró en una entrevista.
El problema ha alimentado tensiones diplomáticas en la región, con varios países del Caribe apoyando una demanda del gobierno mexicano que buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por el tráfico de armas hacia grupos criminales extranjeros. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la demanda a principios de este año.
Schroeder afirmó que los ataques a supuestas embarcaciones de drogas probablemente no tengan un impacto significativo en el tráfico de armas, y advirtió sobre el posible desvío de recursos de las operaciones de Aduanas o de las fuerzas del orden estadounidenses en el Caribe.
«Si se quiere lograr una disminución significativa en el tráfico de armas, es necesario centrarse en mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para detectar contrabando en los envíos internacionales», aseguró Schroeder.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la agencia encargada de investigar el uso ilegal de armas de fuego, ha identificado a Bahamas y Haití como dos de los principales mercados para armas ilegales estadounidenses. La agencia ha indicado que el aumento del poder de las pandillas en Haití ha impedido obtener datos de rastreo precisos desde 2021.
