Las autoridades de Agricultura y Ganadería, denunciarion que la administración anterior no habría liquidado la entrega de unos 6.000 millones de lempiras en el programa de bonos tecnológicos.
El ministro de la SAG, Moisés Molina, dijo que ya se presentó denuncias ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público por la falta de liquidación de recursos destinados al programa de bonos tecnológicos, monto que supera los “6 mil millones de lempiras”.
El funcionario dijo que la revisión ha tardado varios meses porque “no hubo transición” administrativa, pero que no encontraron documentación del manejo de los recursos públicos.
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“Nos percatamos es que no había liquidación de los dineros que se habían destinado para atender el programa de los bonos tecnológicos y demás cosas que se habían programado. Durante cuatro años no se cerró esa liquidación y eso acumula más de 6 mil millones de lempiras”, apuntó.
Aclaró que hay acusaciones contra personas específicas y únicamente se presentó una denuncia sobre una irregularidad.
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“Conservamos (en sus cargos) con nosotros varias personas involucradas con el bono hasta la semana pasada, personas que tenían responsabilidad directa. Para dar oportunidad, queríamos hacerlo así, de que ordenaran eso y que pudieran hacer un tipo de liquidación. Imagino que no pudieron hacerla porque no presentaron nada. La semana pasada ya se desvincularon y ya no están con nosotros”, desveló.
Tampoco existe registro sobre el destino de esos recursos ni de las personas que lo recibieron.
Las denuncias incluyen irregularidades relacionadas con el parque vehicular de la institución, debido a que algunos automotores fueron encontrados abandonados en talleres privados y otros continúan sin ser localizados, además de reportar que más de 80 vehículos permanecen en condiciones precarias tras el «saqueo» de sus repuestos.
Molina aseveró que la Secretaría entregará toda la documentación disponible al Ministerio Público y colaborará plenamente con las investigaciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar el debido proceso para todas las personas involucradas.
