La economía más desarrollada de Latinoamérica, según los informes internacionales, enfrenta una ola de protestas que comenzó con un aumento de “30 pesos”, al transporte público, pero que deja entrever una deuda social acumulada de los últimos tres años. es por 30 años”.
Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la “gota que rebalsó el vaso”. Prueba de ello es que el anuncio del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.
Muchos chilenos dicen sentirse “abusados” por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad “justa”. Pero ¿cuáles son estas “deudas sociales” por las que reclama parte de la sociedad chilena?
1. El sistema de pensiones
Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile. El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.
En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.
Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar “pensiones dignas”, y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.
Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: “Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo”.
Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.
Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama “No+AFP”. Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile “son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país”. “(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos”, dicen.
2. Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.
Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.
Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.
Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.
“En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público.
3. Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte “transantiago” (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 añoscon la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.
Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.
Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.
Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.
En definitiva, el “transantiago” tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.
Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.
A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.
Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.
4. Privatización del agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.
El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.
Además, se alega que es un sistema “absolutamente privado”.
5. Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa “revolución pingüina”, cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.
Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.
Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.
La educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.
6. Abusos y corrupción
Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.
Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.
Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de $23 millones cada una.
Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.
A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.
En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.
La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.
Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.
Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas “deudas sociales”, los expertos coinciden en que será difícil calmar la “furia” de los ciudadanos.
