La aplicación de una nueva factura de ventas, a partir de hoy, se debe a que el SAR (Servicio de Administración de Rentas) tiene reparada a varias empresas que otorgan descuentos al público.
Así lo señala el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, para quien el cambio es una complicación administrativa que se reflejará en el próximo informe de competitividad que hacen organismos internacionales.
“Al inicio no entendíamos por qué se cambió el sistema de facturación, y al ver que es básicamente en agregar el detalle de descuentos no le vimos ninguna preocupación al inicio. Pero al pasar los días nos enteramos, que hay empresas afiliadas a la CCIC, que recibieron reparos millonarios por haberle dado descuentos”, denunció.
Son cuatro las empresas de la zona norte reparadas, reveló, y desconocen las que podrían estar en la capital, donde el Cohep no ha dado informes del tema.
“La conclusión lógica es pensar, que este cambio en la facturación es para poder ir a reparar a todas las empresas a nivel nacional que dan descuentos y de esa manera el pueblo hondureño se vería altamente perjudicado”, apuntó.
Señaló que las empresas suspenderán los descuentos para evitar intervenciones y acusaciones posteriores y el efecto será en los consumidores.
Barquero consideró que el SAR cobra el impuesto sobre ventas en las importaciones y las empresas lo trasladan al consumidor en la venta e informa al ente fiscal en su declaración.
Habría que revisar todos ese proceso tributario de cobro de impuesto sobre ventas, opinó.
Para Barquero el SAR debe mandar un mensaje positivo a los inversionistas y que se “comprometa por escrito que no se van a multar las empresas por darles descuentos al pueblo y que suspendan esos reparos”.
“El SAR no puede decirle a un empresario como llevar su negocio, cuándo y cómo dar descuentos. Ellos deben hacer su trabajo y tienen todos los controles para hacerlo, pero lo que genera ahora es temor en hacer negocios”, opinó.
Agregó que el sector privado aún no se recupera del cobro de 1,5% sobre las ventas brutas que se está eliminando gradualmente, aunque ellos sostienen que es inconstitucional.
“Nosotros vamos a seguir trabajando e invirtiendo y pagando los impuestos correctamente, pero el SAR debe hacer sus trabajo también correctamente”, concluyó.
