El ministro de la Secretaria de Finanzas, Emilio Hernández presentó ante el Congreso Nacional la Ley de Transparencia y Registro Centralizado del Beneficiario, una iniciativa dirigida a comprobar los socios de las empresas, entre otras revisiones, como parte de los compromisos ante el GAFI para combatir la evasión, el fraude fiscal y prevenir el lavado de activos.
El funcionario afirmó que esta ley ha sido revisada por la Corte Suprema de Justicia, la cual ha emitido una opinión favorable y está listal para ser sometida a discusión en el Congreso.
Explicó que la ley busca, «identificar a los beneficiarios finales que son las personas naturales que directa o indirectamente poseen o controlan una empresa o una entidad«. Son las personas que ejercen influencia significativa en la toma de decisión de las diferentes organizaciones.
“Los objetivos principales de la ley son sencillos, combatir la evasión y el fraude fiscal. También prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También tiene como objetivo fortalecer la transparencia empresarial, identificar quienes son los verdaderos propietarios de las empresas”, indicó.
Asimismo, otro de los objetivos es el poder fortalecer la transparencia internacional, además de poder identificar quienes son los verdaderos propietarios de las empresas, de igual manera el cumplir con los estándares internacionales.
Destacó que una vez aprobada, corresponderá a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), la implementación de esta ley para poder registrar y actualizar la información de cada uno de los beneficiarios finales, declarar quienes ejercen el control efectivo de las diferentes empresas que operan en nuestro país.
“Esta ley tiene una importancia que trasciende los gobiernos, impera para el beneficio en nuestro país y viene como parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a nivel internacional, para cumplir con esos estándares en donde queremos tener a nuestro país”, explicó el funcionario.
“También nos va a mantener alejados de las listas grises en donde no merece estar nuestras Honduras, en las cuales tardaríamos 10, 12 o hasta 15 años en poder resarcir ese daño que produce estar en la misma por no estar con los estándares internacionales que nos indica GAFI”, apuntó.
La ley es parte de las recomendaciones que se habían establecido con el Fondo Monetario Internacional. “Estamos ya a pocos días de que el directorio del Fondo Monetario pueda dar su veredicto final para la cuarta o quinta revisión, donde esperamos poder cumplir como país con por lo menos 7 de los medidores que estaban previstos para nuestro país”.
