La nueva reforma a la ley de energía contempla, al igual que la de 2014, la separación funcional de la ENEE en áreas de generación, transmisión y distribución, agrega la creación de un Operador del Sistema de Mercado (actualmente ODS) independiente y el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
La reforma, además, buscaría una transformación estructural del sistema energético hondureño con el objetivo de reducir las pérdidas, fortalecer la institucionalidad, atraer inversión privada y mejorar la sostenibilidad financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De acuerdo con un documento técnico fechado el 25 de mayo de 2026, la iniciativa propone una reorganización del mercado eléctrico bajo principios de transparencia, competencia e independencia regulatoria, tomando como referencia experiencias implementadas en países de la región y estándares internacionales.
El borrador de la reforma contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue sometido a una revisión independiente, con financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, de acuerdo con el documento. Según el informe, la propuesta es consistente con prácticas internacionales orientadas a fortalecer la competencia y la eficiencia en los mercados eléctricos.
Entre los cambios planteados figura la separación funcional de la ENEE en áreas de generación, transmisión y distribución, así como la creación de un Operador del Sistema de Mercado (OSM) independiente y el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) como ente regulador.
El documento sostiene que la reforma busca mantener el despacho económico de energía al menor costo posible, evitar privilegios para empresas o tecnologías específicas y proteger la sostenibilidad financiera del Estado y de la propia ENEE.
Asimismo, se plantea la apertura del mercado a nuevas inversiones en generación, almacenamiento, transmisión y comercialización de energía, bajo reglas de competencia y sin exclusividades.
Los promotores de la iniciativa, que según fuentes calificadas emana de los entes estatales especializados, aseguran que la reforma no contempla la privatización de la ENEE ni la venta de activos estatales.
También sostienen que los subsidios sociales se mantendrían, aunque bajo mecanismos más transparentes y contabilizados de forma explícita.
El análisis contenido en el documento señala que el sistema eléctrico enfrenta pérdidas cercanas al 38%, niveles que superan ampliamente los estándares internacionales.
Además, advierte sobre el impacto fiscal que representa la situación financiera de la ENEE para las finanzas públicas.
Según las proyecciones incluidas en la propuesta, una reforma estructural permitiría generar importantes ahorros fiscales en la próxima década, facilitar nuevas inversiones privadas y contribuir a una mayor estabilidad tarifaria para hogares y empresas.
La iniciativa también contempla reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía, la apertura a consumidores calificados, licitaciones en transmisión y mecanismos regulatorios para fomentar la innovación tecnológica dentro del sector.
El proyecto aún deberá ser sometido a discusión y eventual aprobación en las instancias correspondientes antes de entrar en vigor. Se conoce que esta semana el Ejecutivo enviará a la Cámara Legislativa un proyecto de ley para dar vida a la iniciativa y transformar el sector eléctrico que ancestralmente ha representado un enorme agujero sin fondo para las finanzas públicas.
Guillermo Peña, Gerente de la ENEE, enfatiza que la prioridad principal es establecer un ordenamiento administrativo claro con reglas transparentes y un marco regulatorio homogéneo que alinee las leyes del sector. Explica que este ordenamiento es fundamental para liberar la inversión en energía, permitiendo que tanto el sector público como privado participen en la generación, venta y comercialización de energía. Aclara que la liberalización no significa privatización, sino crear condiciones que beneficien a la economía, el crecimiento del país y al usuario final.
El sector de transmisión enfrenta un atraso de aproximadamente 15 años y requiere entre 1.200 y 1.300 millones de dólares en inversión a largo plazo (20-30 años). Para atraer esta inversión privada, es necesario proporcionar señales claras y confiables que generen confianza en los inversionistas, dijo Peña.
destaca que el sector privado debe ser aliado de la solución, ya que el sector público no tiene la capacidad financiera de resolver todos los problemas del sistema eléctrico, especialmente considerando la delicada situación económica actual de la ENEE.
La administración actual se compromete a aprender de los errores pasados, como los ocurridos con Energía Honduras, para evitar repetir fallas en el ordenamiento del sector. Recuperar y ordenar la ENEE es posible y necesario, ya que libera el crecimiento económico del país. Actualmente existe un déficit de más de 500 megavatios no suministrados por limitaciones del sistema, lo que subraya la urgencia de estas reformas para garantizar el suministro eléctrico y el desarrollo económico sostenible.
