Una demanda con origen en 1998 sigue pesando sobre las finanzas públicas con la polémica participación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el Procurador General, Dagoberto Aspra, el ex procurador Manuel Díaz Galeas, en el último día de su gestión, el 26 de enero, hizo «un pago anticipado» de 310.000 dólares (unos ocho millones de lempiras) por servicios legales a un bufete estadounidenses para su «defensa personal» ante una demanda interpuesta en EE UU.
El costo de la contratación estaría sobrevalorado, según Aspra, ya que se trata de un anticipo.
El objetivo del contrato es que se presente una moción para desestimar una demanda civil interpuesta por un ciudadano norteamericano o, en su defecto, solicitar el traslado del caso a la ciudad de Washington.
«La demanda no iba dirigida contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, incluyendo al propio exprocurador, al fiscal general y a otros miembros del gabinete del gobierno anterior de la expresidenta Xiomara Castro», explicó.
“Estamos ante un caso de total abuso. Sacaron dinero de las arcas del Estado para pagar abogados que defendieran una causa estrictamente personal”, afirmó Aspra.
El funcionario señaló que la situación resulta aún más delicada porque el Ministerio Público no puede conocer el caso, ya que el propio fiscal general figura como parte demandada y también habría sido beneficiado con la defensa pagada con fondos públicos.
“Este Ministerio Público no va a actuar en ese caso. Tenemos que valorar a qué otra entidad presentar la denuncia para que se deduzcan responsabilidades”, sostuvo.
Aspra también advirtió que existen indicios de sobrevaloración en los honorarios legales. “Preliminarmente se percibe que los valores están inflados. Estamos haciendo verificaciones en Estados Unidos sobre cuánto cobran realmente los abogados por este tipo de acciones”, apuntó.
Finalmente, el Procurador General, no descartó solicitar el apoyo de agencias estadounidenses para rastrear la ruta del dinero.
Caso NAINSA-DRC
El exprocurador, Manuel Díaz Galeas, dijo que la demanda es «contra agentes estatales que actuaron en defensa de los intereses de la República en ejercicio de sus cargos».
Secretaría de Finanzas rechaza fallo judicial
Explicó que el caso se refiere al ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer, dueño de DRC, quien demandó al país por casi 3.000 millones de lempiras, pero que la misma fue «rechazada la «defendida» por el gobierno de Castro.
Murray Farmer acusó de forma civil a la ex ministra de Finanzas, Rixi Moncada, al ex procurador y otros funcionarios, en una corte del estado de Alabama en Estados Unidos por terrorismo, en su contra.
Hay que recordar que la ex ministra Moncada, ex candidata presidencial de Libre, rechazó el fallo judicial, que favorecía a la empresa DRC, que se asoció en Honduras con NAINSA.
Díaz Galeas agregó que este caso aún tiene procesos penales en curso que se llevan en tribunales hondureños y acusó que algunos de los imputados están siendo defendidos actualmente por Aspra, lo que a su juicio constituye un conflicto de intereses, dado que la PGR participa en la acusación junto al Ministerio Público.
Un caso de estudio de la justicia hondureña
En 1998, USAID financió obras de reconstrucción en Honduras y le adjudicó un contrato de $19 millones a DRC Inc. En 2002, el contrato fue suspendido por supuesto incumplimiento. Tras años de disputa llego a arbitraje en 2009, pero no se concretó tras el golpe de Estado (gobierno de Manuel Zelaya).
Cuatro años después, en 2013, la Corte Suprema de Justicia declaró nulo el laudo arbitral, pero los documentos firmados por el Estado (autorizaciones, reconocimientos de deuda, contratos válidos) permanecieron intactos.
En 2019. NAINSA volvió a los tribunales antes de prescribir el tiempo, esta vez en la jurisdicción civil. En enero de 2022, el expediente 0091-2022 quedó en manos de la Procuraduría General de la República, pero el delegado del caso, no compareció a audiencias clave.
El tribunal declaró desistida la defensa por abandono del procurador. La sentencia se dictó en rebeldía del Estado y DRC Inc ganó la demanda.
Posteriormente el gobierno, a través de Finanzas y la PGR, se opusó a pagar la demanda, lo que llevo a nuevos reclamos y la denuncia civil contra ex funcionarios.
Por este caso, el Ministerio Público acusó en 2025 al diputado y ex director de Sedecoas (en 2020), Nelson Marquez, por ser parte de una «red de corrupción» que favoreció a NAINSA DRC.
El caso sigue en proceso, pero todo apunta mal para las finanzas públicas y credibilidad jurídica del país.
