El Gobierno resolvió extender por 45 días más el estado de excepción parcial, una medida que comenzó a regir desde diciembre de 2022 y que se prolongará hasta las 6:00 de la tarde del lunes 29 de septiembre de 2025. La disposición fue publicada en el diario oficial La Gaceta, pese a que nuevamente no fue sometida a aprobación en el Congreso Nacional.
La suspensión de garantías constitucionales venció el sábado, pero se volvió a ampliar como medida del gobierno para reduir la criminalidad. Los resultados a la fecha son destacados por la Policía, pero los niveles de muerte y extorsión siguen en alza según registros de distintas organizaciones.
El estado de excepción, según la organización humanitaria Cristosal, ha dado lugar a “denuncias de abuso de poder y tortura”. En el informe Estado de excepción y violencia estructural, la organización advirtió que la prolongación de la medida “podría afectar la legitimidad” de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre próximo.
Cristosal señala que el estado de excepción se ha convertdo en “una política permanente, con graves consecuencias para los derechos humanos y la democracia”.
En el mismo informe, Cristosal denunció la presencia “intimidante” de cuerpos armados en comunidades, centros educativos y espacios públicos, situación que “podría trasladarse al contexto electoral”, generando un clima adverso para el ejercicio de derechos ciudadanos.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, consideró que la medida debería terminar en septiembre y eviatr que este vigente durante las próximas elecciones.
“Estamos en un año electoral, lo que preocupa es que tendremos elecciones bajo un estado de excepción que podría generar amedrentamiento, las garantías que tenemos todos pueden verse violentadas y que no le haría nada bien al proceso electoral”, sostuvo.
Añadió que muchas de las extensiones fueron “ilegales”, que no fueron ratificados por el Congreso Nacional. Advirtió que la Policía y el Gobierno, no han dimensionado el impacto que está provocando esta medida sobre el país.
“Son 23 ampliaciones, ya se hubiese buscado medidas transversales que busquen solventar los problemas de seguridad ya que las capturas que se realizan no terminan ni con requerimientos fiscales”, declaró.
