La supresión de siete instituciones públicas tendrá un millonario ahorro público, pero un alto costo en pago de prestaciones laborales. Según la Comisión Liquidadora, nombrada por el gobierno, se erogarán más de 207 millones de lempiras en el despido de 1.997 empleados.
Según el comisionado, Leonel Núñez, el equipo técnico concluyó el levantamiento de información en siete instituciones suprimidas con la identifcación de 1.997 empleados a quienes se les garantiza el pago total de sus prestaciones.
A la par del drama social, por el elevado número de despidos proyectados, la Comisión Técnica avanza en la elaboración de un diagnóstico sobre las entidades estatales que serán adscritas a otras dependencias.
“Muy importante saber que en la Comisión Técnica hemos avanzado en un diagnóstico en cada una de las instituciones, una que van a ser adscritas, otras que van a ser liquidadas, por lo tanto, ya más o menos manejamos ciertos datos en referencia a lo que estamos haciendo”, dijo.
Aseguró que la instrucción es respetar el “100 por ciento” de las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores (algo que está en la Constitución), que resulten cesanteados durante esta transición administrativa y se eviten demandas laborales.
Por otra parte, Núñez dijo que revisan las deudas registradas en el sistema F-01 para verificar que cada compromiso financiero cuente con el soporte documental necesario antes de proceder con los pagos correspondientes.
En ese tema reveló que la Secretaría de Planificación Estratégica registra pagos que no están “netamente soportados” y cuya veracidad deberá ser acreditada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría y el Ministerio Público.
“Esperamos que en este mes de marzo logremos concretar lo que la cesantía de los 737 empleados que hay en esa Secretaría de Estado”, agregó.
Por otro lado, indicó que el Estado realiza negociaciones para interrumpir el pago de alquileres en edificios cuyos contratos vencen próximamente con el fin de recuperar recursos que no deberían erogarse bajo las actuales condiciones de supresión institucional.
