México, durante mucho tiempo ejemplo de probidad fiscal en los mercados emergentes, llegó a ser, hace tan solo unos años, un emisor con calificación A en el mercado de bonos. Hoy, el país se encuentra al borde de la categoría de bono basura y paga tasas de interés más altas que las que ofrecen sus pequeños vecinos con calificaciones crediticias más bajas, como Guatemala y Panamá.
Existen numerosas razones para este declive, desde el aumento vertiginoso del gasto público hasta el débil crecimiento económico, pero últimamente un tema se repite una y otra vez: las pérdidas financieras que se acumulan en la petrolera estatal Petróleos Mexicanos y la forma en que el gobierno sigue inyectando dinero en la empresa para mantenerla a flote.
Tan solo en los últimos dos años, la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum ha gestionado rescates financieros para Pemex por más de $50 mil millones. Si a esto le sumamos los aproximadamente 80 mil millones de dólares que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, le entregó a la empresa, la cifra asciende a más de $130 mil millones.
Para un país como México, es una suma enorme —mucho mayor, por ejemplo, que el gasto total de todas las ramas de las fuerzas armadas, incluidas las fuerzas de seguridad encargadas de combatir a los cárteles— y ha contribuido a que el déficit presupuestario casi se haya duplicado.
Según observadores veteranos de México, las inyecciones de capital han evitado una catástrofe inmediata en Pemex, pero solo enmascaran los problemas reales: una plantilla sobredimensionada que extrae cantidades cada vez menores de crudo de pozos envejecidos. Peor aún, afirman, estos pagos están transfiriendo, en la práctica, la mala situación financiera de Pemex al balance del gobierno.
En lugar de que Pemex se hunda rápidamente en una debacle de deuda por sí sola, la empresa está arrastrando lentamente a todo el gobierno y exacerbando sus problemas fiscales. En mayo, el país sufrió un doble golpe cuando Moody’s Ratings rebajó su calificación crediticia a apenas un escalón por encima del estatus de bono basura y S&P Global Ratings amenazó con hacer lo mismo, otorgándole una perspectiva negativa .
Los operadores de bonos ya han comenzado a tratar la deuda mexicana como si fuera basura, exigiendo mayores rendimientos para prestar al gobierno y, en el proceso, encareciendo la financiación para todos los prestatarios en un país que necesita urgentemente más inversión para reactivar su economía estancada.
Sin embargo, en un país donde el petróleo ha despertado pasiones patrióticas desde que los líderes revolucionarios expulsaron a Standard Oil y Royal Dutch Shell y crearon la industria estatal en la década de 1930, es impensable privarla de fondos ahora o abrirla a la inversión privada para proteger al gobierno de las repercusiones financieras. El intento de permitir el regreso de las multinacionales y su experiencia en perforación al país fue rápidamente frustrado por López Obrador al asumir el cargo en 2018.
Así pues, la empresa y el gobierno se encuentran atrapados en este incómodo abrazo, lo que perjudica a la economía año tras año y erosiona la credibilidad que México se había ganado en los mercados internacionales cuando obtuvo su primera calificación de grado de inversión hace un cuarto de siglo.
Con unos 130.000 empleados, Pemex produce apenas 13 barriles de petróleo por empleado al día. Incluso para los estándares de Latinoamérica, una región donde, como en México, la industria petrolera está mayoritariamente dirigida por funcionarios gubernamentales, esta cifra es ínfima. En Ecopetrol, en Colombia, la proporción ronda los 36; en Petrobras, en Brasil, supera los 50. Y en una multinacional como ExxonMobil, supera los 80.
El año pasado, Sheinbaum impulsó una ley que permite a Pemex firmar empresas conjuntas con compañías petroleras para aumentar la producción. En cierto modo, representa un cambio con respecto a la decisión de López Obrador de detener la incipiente apertura petrolera del país en 2018, pero, según los analistas, es demasiado tibia para marcar la diferencia.
