La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) espera que el Congreso Nacional apruebe esta semana la Ley General de Vivienda que permita un mayor acceso crediticio y el impulso del sector de construcción.
Silvio Larios, director de la Cámara, señaló que el proyecto fue consensuado con todos los sectores y establece reglas claras y condiciones que permiten mayor acceso al crédito con tasas de interés competitivas y reducción en los costos de construcción.
Aunque no dio detalles de los compromisos asumidos, señaló que la Ley ordena el mercado y eso genera estabilidad para los proyectos. Sin embargo, la mayor parte del financiamiento que se ofrece es del gobierno, es decir fondos públicos.
“Existe un compromiso de todos los sectores para impulsar esta Ley para el beneficio de la población y el país por el impacto social y económico que tendrá”, destacó Larios.
“Esto ha sido un trabajo muy responsable de gremios, de personas profesionales, expertos no es algo improvisado. Se tendrá un verdadero marco para cambiar este sector que tiene una gran demanda pendiente (más de 700.000 viviendas)”, apuntó.
Tasas del 15% y elevados costos
De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), los préstamos para vivienda (Propiedad Raíz) encabezan la cartera total del sector bancario, aunque no incluye a los 15 bancos en operación.
Aunque las viviendas son hipotecadas con el crédito, las tasas de interés bancarias son elevadas y van del 15 al 17% con fondos propios.
También hay recursos a un 11,5% con fondos del Régimen de Aportación Privadas (RAP) y otros entes de previsión, y un 8,5% con el programa de subsidio del gobierno.
Los fondos del gobierno (del erario público) son colocados por los bancos que se quedan con la intermediación (3% en promedio) y las hipotecas.
A esto se suma el costo de materiales, terreno y mano de obra, y por eso la compra de una vivienda social oscila entre 400.000 y 700.000 lempiras y de una casa de clase media de 2.2 a más de 3 millones de lempiras.
Las mensualidades pueden superar los 20.000 lempiras al mes en zonas residenciales, tres veces el salario mínimo actual.
Sin embargo, Silvio Larios espera que la competencia que genere la Ley, permita una reducción de los precios y pagos bancarios.
