La crisis climática que enfrenta Honduras en 2026, que ha llevado a declarar alerta en 234 municipios, amenaza con profundizar vulnerabilidades que ya existen en el país, advierte el Foro Social de la Deuda Externa para Honduras (Fosdeh).
La prolongación de la sequía y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño impactan directamente las fuentes de agua, la producción agropecuaria y las condiciones de vida de miles de familias, señala la institución en un planteamiento con «10 recomendaciones» que tiene como base tener un «Plan Nacional Extraordinario de Seguridad Alimentaria», que unifique esfuerzos y recursos, tenga transparencia, medidas de control y la cooperación internacional.
Desde el FOSDEH consideramos que esta emergencia debe convertirse en una oportunidad para fortalecer las capacidades del país y proteger a las poblaciones más vulnerables. No basta con atender las pérdidas cuando ya ocurrieron: necesitamos anticiparnos, invertir y construir resiliencia.
Propuesta del Fosdeh
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) considera necesario:
Declarar una emergencia humanitaria y climática en los territorios severamente afectados, sustentada en información técnica y acompañada de mecanismos concretos de intervención, financiamiento, transparencia, participación y rendición de cuentas.
En complemento al numeral anterior, diseñar e implementar un Plan Nacional Extraordinario de Seguridad Alimentaria 2026-2027, priorizando municipios, comunidades y hogares en mayor condición de vulnerabilidad, articulando al Gobierno Central, gobiernos locales, productores, organizaciones comunitarias, sociedad civil y cooperación internacional.
Proteger y recuperar la producción nacional de granos básicos, garantizando semillas, insumos, financiamiento, asistencia técnica y mecanismos de apoyo especialmente dirigidos a pequeños y medianos productores afectados por las pérdidas de la cosecha de primera.
Preparar desde ahora la cosecha de postrera, reconociendo que su deterioro podría profundizar la inseguridad alimentaria durante los últimos meses de 2026 y comienzos de 2027.
Impulsar una estrategia nacional para «Sembrar Agua», entendida como una política integral de cosecha, almacenamiento, infiltración, conservación y gestión comunitaria del recurso hídrico. Esto requiere reservorios, sistemas de captación de agua lluvia, rehabilitación y ampliación de sistemas de riego, protección y restauración de microcuencas, recuperación de suelos y otras inversiones que permitan retener agua en los territorios y fortalecer su resiliencia frente a sequías recurrentes.
Fortalecer y asegurar la Reserva Estratégica de Granos Básicos, transparentando su disponibilidad actual, capacidad de almacenamiento, mecanismos de abastecimiento, criterios de utilización y necesidades proyectadas para 2026 y 2027.
Asignar recursos extraordinarios a los gobiernos locales afectados, procurando que la atención de la emergencia no dependa únicamente del adelanto de transferencias previamente presupuestadas. Los mecanismos extraordinarios deben establecer claramente las fuentes de financiamiento, líneas presupuestarias autorizadas, procedimientos para su utilización y mecanismos de control y auditoría.
Garantizar transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas en cada recurso destinado a la emergencia. Debe publicarse de manera oportuna y accesible información sobre fondos asignados, transferidos y ejecutados; instituciones y municipalidades responsables; procesos de contratación y adquisición; proveedores; beneficiarios; criterios de priorización y resultados alcanzados.
La emergencia no puede convertirse en una justificación para reducir controles. Por el contrario, mientras mayor sea la excepcionalidad y rapidez en el uso de los recursos públicos, mayores deben ser la transparencia, la vigilancia institucional y la auditoría social. Deben garantizarse espacios efectivos para la participación ciudadana, organizaciones comunitarias, sociedad civil, medios de comunicación y organismos responsables del control público.
Establecer responsabilidades firmes frente al uso indebido de los recursos destinados a la emergencia. La apropiación, desviación, utilización política o manejo corrupto de recursos destinados a proteger vidas y atender necesidades humanitarias constituye una conducta particularmente grave, porque puede privar de alimentos, agua y asistencia a poblaciones que se encuentran en condiciones extremas de vulnerabilidad.
Desde el FOSDEH consideramos que estas actuaciones deben ser investigadas y sancionadas con todo el rigor de la legislación nacional, estableciendo las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes. Apropiarse de recursos destinados a proteger la vida en una emergencia no puede considerarse una irregularidad administrativa más: significa poner en riesgo directo la integridad, la dignidad y, potencialmente, la vida de seres humanos. Para el FOSDEH, los abusos señalados previamente constituyen también delitos de lesa humanidad.
Convocar a la cooperación internacional a revisar su respuesta frente a la nueva realidad climática y alimentaria del país. La cooperación debe poner sus ojos en la gravedad de la situación actual, pero también reconocer que no es posible seguir haciendo el mismo tipo de cooperación frente a problemas que han cambiado de dimensión y complejidad.
Honduras requiere pasar de intervenciones aisladas y de corto plazo hacia una cooperación que contribuya a anticipar las crisis, fortalecer sistemas productivos resilientes, garantizar seguridad hídrica y alimentaria, desarrollar capacidades territoriales y atacar las causas estructurales que hacen que cada sequía, inundación o shock económico vuelva a colocar a las mismas poblaciones en condiciones de emergencia.
Honduras enfrenta una situación que exige superar respuestas fragmentadas y de corto plazo. En este contexto, se requiere avanzar hacia un Plan Nacional de Desarrollo integral e inclusivo que articule las respuestas inmediatas con políticas económicas, sociales, ambientales y productivas de mediano y largo plazo, dirigidas a reducir la pobreza, fortalecer la agricultura familiar, garantizar la seguridad alimentaria, proteger los recursos naturales y aumentar la capacidad de resiliencia de los territorios y sus pobladores.
Necesitamos reforzar lo actuado hasta ahora, con mayor amplitud y contundencia y más allá del año 2026. Lo que está en riesgo no son únicamente las cosechas: están en riesgo las vidas de muchas personas, el agua, el aire, los alimentos, los medios de vida, la producción nacional y las condiciones de subsistencia de una parte importante de la población hondureña, concluye el análisis.
