El presidente de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP), Mario Ayala, dijo desconocer el aumento a las tarifas de peaje en la CA-5, al tiempo que anunció «indagaciones» sobre el alza de 41% anunciada por COVI Honduras.
“Se ha hecho un incremento de manera unilateral por parte de la Concesionaria Vial de Honduras (COVI-H). No ha sido consultado con los reguladores para tomar esta decisión y en ese sentido vamos a hacer las revisiones correspondientes, para poder dar un criterio responsable como colegiado”, declaró Ayala.
El funcionario reconoció que el aumento golpea directamente a la población trabajadora: “Como ciudadanos estamos de acuerdo en que especialmente el peaje afecta a la gente trabajadora que lucha cada día por llevar el pan a la mesa de su familia”, subrayó.
No está autorizado el incremento
Dejó claro que el alza en las tarifas no cuenta con autorización oficial, y que la revisión del contrato será determinante para establecer responsabilidades.
“Nosotros no autorizamos incrementos. El mismo contrato establece cómo se derivan los cambios, y hasta el momento la presidenta Xiomara Castro ha subsidiado los aumentos para que no se trasladen al pueblo hondureño”, explicó.
Añadió que el Gobierno se sorprendió con la decisión de COVI-H y que, de confirmarse irregularidades, actuarán conforme a la ley: “Vamos a revisar y de haber responsabilidades, vamos a actuar. Lo que corresponde en este momento es la revisión del contrato conforme a ley y ver la forma cómo se revierte esto”.
¿Ilegalidad o abuso contractual?
Consultado sobre si el incremento puede considerarse ilegal, respondió: “Decir que es ilegal, sería prematuro o prejuzgar. Nosotros colegiadamente tomaremos la decisión en el momento correspondiente y de ahí se determinará si es ilegal o una cuestión contractual”.
Ayala remarcó que no se trata de un delito penal sino de un posible incumplimiento contractual: “Cuando se incumple un contrato, se toman decisiones de manera colegiada para revertir o corregir cualquier abuso”.
El caso ha encendido la polémica, ya que usuarios denuncian que pequeños caminones, que antes pagaban 22 lempiras como vehículo de un eje, ahora deben pagar 90 lempiras como si fueran de dos. La SAPP asegura que dará una resolución tras concluir la revisión técnica y legal del contrato con COVI-H.
