La desaparición forzada sigue siendo «un crimen atroz» y una «violación múltiple» de derechos humanos que persiste en distintas regiones del mundo pese a los avances legales y su reconocimiento como delito, advirtió este viernes la vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), Carmen Rosa Villa.
La experta participó en Tegucigalpa en el foro ‘Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos’, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Señaló que Honduras debe tipificar la desaparición forzada como delito autónomo aprobar el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que no se repita los hechos en el pasado del desconocimiento del paradero de ciudadanos que fueron detenidos por un cuerpo de seguridad o entes del Estado.
Villa enfatizó que la desaparición no concluye hasta que se esclarezca el paradero de la persona desaparecida.
“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete que ya había declarado parte de su agenda”, dijo la experta de la ONU.
Indicó que la propuesta de la Ley de Búsqueda contiene cinco pilares: reconocer a la víctima y los familiares que sufrieron el daño, verdad sobre los hechos, buscar los restos del desaparecido, reparación que consiste en una indemnización, participación de las víctima y organizaciones, y la no repetición de los hechos.
Señaló que los familiares de las víctimas de la desaparición de forzosa en la década de los 80’s no poseen el tiempo necesario para buscar la verdad y obtener reparación del Estado.
Afirmó que las desapariciones forzadas «no han dejado de existir» y que ocurren «en el norte, en el sur, en el este y en el oeste», por lo que llamó a los Estados a reforzar las medidas para prevenirlas y erradicarlas.
«Un crimen continuado y múltiple»
Villa destacó la evolución de la respuesta internacional frente a este delito y recordó que la Convención, aprobada en 2006 y vigente desde 2010, establece obligaciones para los Estados destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Actualmente, 78 Estados son parte del tratado, una cifra que, según Villa, refleja el compromiso internacional para «erradicar y prevenir la desaparición forzada» y «luchar contra la impunidad por ese crimen».
Uno de los principios fundamentales de la Convención, según indicó, es que «nadie será sometido a desaparición forzada» y que «no hay circunstancias excepcionales que justifiquen» este hecho.
La vicepresidenta del CED explicó que este delito tiene carácter continuado y solo concluye cuando se determina «la suerte o el paradero» de la víctima.
«Es un crimen atroz. Es una violación múltiple de derechos humanos», enfatizó Villa, a la vez que señaló que estas acciones vulneran la vida, la integridad y la personalidad jurídica, y suelen ir acompañadas de torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Entre los avances, la funcionaria de Naciones Unidas destacó el reconocimiento de los familiares como víctimas, al sufrir un «duelo permanente», y la tipificación de la desaparición forzada como delito autónomo, aunque advirtió de desafíos relacionados con las penas y la prescripción.
Fortalecer los institutos forenses y crear registros unificados son medidas urgentes para aliviar el dolor de las familias que buscan e identifican a personas desaparecidas, un esfuerzo que requiere «voluntad política, recursos y personal capacitado», sostuvo Villa.
Entre los principales desafíos del CED figuran lograr la ratificación universal de la Convención y que los Estados cumplan sus recomendaciones mediante políticas públicas efectivas.
