El ministro de Finanzas, Emilio Hernández, juramentó este lunes a los miembros de la comisión técnica liquidadora, ente encargado del cierre de las instituciones que serán suprimidas, como parte del PCM 004-2026, publicado en La Gaceta,
Los miembros de la Comisión Técnica Liquidadora son: Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla.
La Comisión Técnica Liquidadora encargada de ejecutar el proceso de liquidación del personal de las instituciones suprimidas.
Las funciones contemplan la liquidación administrativa, financiera y el traslado de los recursos presupuestarios correspondientes para el pago de indemnizaciones.
Entre las Secretarías que han sido eliminadas están Sedecoas; Secretaría de Planificación Estratégica; Secretaría de Transparencia; el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Red Solidaria, Convivienda, Fosovi, entre otros.
Según la nueva ley, Finanzas, a través de la o las Comisiones Técnicas Liquidadoras, podrá conforme a las liquidaciones presentadas, «efectuar los pagos correspondientes de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como las obligaciones contraídas con acreedores, proveedores y otras deudas pendientes, a fin de asegurar la liquidación total de dichas instituciones».
Las operaciones realizadas deben quedar debidamente registradas y reflejadas en los sistemas presupuestarios y financieros correspondientes en el Ejercicio Fiscal 2026.
«La o las Comisiones Técnicas Liquidadoras deberán asumir con el presupuesto asignado para tal fin, las obligaciones financieras que se pudieran generar en la instancia administrativa o judicial de los actos realizados que se generen posteriormente al proceso de liquidación de las Secretarías de Estado, entes desconcentrados, Programas, Institutos y Direcciones modificadas y/o suprimidas de conformidad al presente Decreto Ejecutivo», añade.
Los miembros de la o las Comisiones Técnicas Liquidadoras, funcionarios y/o empleados que intervengan en los actos administrativos que dan origen al pago, no serán responsables de forma personal o solidaria.
