Juicio político al Fiscal general sacude al Ministerio Público

Denuncian retraso en caso de ambientalista Juan López antes y después de su asesinato

El fiscal general, Johel Zelaya, suspendido temporalmente por el Congreso para abrirle un juicio político, compareció este martes ante una comisión especial de nueve diputados del Legislativo que lo interrogaron durante tres horas, a quienes les aseguró no haber cometido delito alguno.

Sin embargo, durante el interrogatorio y a veces debate con algunos diputados donde reiteró que no ha cometido delitos, reconoció que en la acusación contra dos Consejeras Electorales (por audios presentador por otro Consejero del Partido Libre), el MP no cuenta con equipo de software para confirmar audios, no se cumplió con el proceso de la cadena custodia de evidencia, y que no conoció orden de un juez para grabar a las funcionarias (como establece la ley).

Pero lo peor vino después de su presentación con la audiencia a siete testigos que denunciaron «justicia selectiva», abusos, retrasos en jucios e incluso conocimientos de investigaciones previas al asesinato del ambientalista Juan López.

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«Yo estoy aquí porque estorbo, yo estoy aquí porque no se sienten cómodos conmigo y eso a mí me enorgullece. Yo les digo algo, me voy con la frente en alto» y reiteró: «Yo no he cometido delito», declaró Zelaya.

Sin embargo, los testigos hicieron denuncias de persecución interna, manipulación de requerimientos fiscales y graves violaciones laborales, incluyendo la suspensión de una fiscal que llevaba el caso de asesinato de Juan López,

El testimonio del auxiliar fiscal Fabricio Perdomo sorprendió a todos. Con cinco años en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Perdomo aseguró que existe un patrón sistemático de represalias contra fiscales de carrera que se niegan a acatar instrucciones irregulares o simplemente porque fueron nombrados por anteriores autoridades.

“Desde el punto de vista laboral, sí ha cometido violaciones graves y directas”, afirmó Perdomo.

Dijo que fiscal anticorrupción de La Ceiba, Claudia Zenaida Paz Hernández, quien fue removida tras negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso que involucraba al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y conexiones con el asesinato de Juan López.

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Perdomo afirmó que fue testigo directo en la audiencia de descargo de la fiscal, donde se evidenció que ella pretendía presentar acciones penales con órdenes de captura que posteriormente fueron eliminadas en un nuevo requerimiento.

“Se negó a presentar un documento alterado (suavizado), y como consecuencia fue sometida a un proceso administrativo”, denunció.

La propia fiscal, quien se presentó vía virtual como testigo, confirmó la denuncia señalando a su jefa inmediata e incluso reveló que ella llevaba el caso de la denuncia de Juan López contra las actuaciones del ex alcalde, meses antes que el ambientalista fuera asesinado.

Denunció que solicitó iniciar acciones pero el caso fue «detenido» con órdenes «de arriba», y meses después del asesinato se le ordenó presentar el requerimiento, pero «estaba cambiado» y se negó a presentarlo lo que la llevo a ser llevada a una audiencia.

El expediente administrativo de Paz Hernández se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

También se presentaron denuncias de movimientos de fiscales (a Gracias a Dios), por cuestionar al Fiscal, retrasos en pagos, cambio de puestos, reducción de salarios, aumentos selectivos, acoso y suspensión «arbitraria» de medidas de protección a fiscales.

También la acusación contra miembros del CNE encargados de la licitación del transporte de material, relacionado a las elecciones primarias de marzo de 2025.

En este caso, dos testigos denunciaron que sin tener responsabilidad en el contrato firmado (con un empresario del transporte de afiliación de Libre), ni en la recepción del servicio contratado (otra comisión), ni supervisión del proceso, a cargo de las fuerzas armas, fueron acusados y siguen en proceso judicial.

La Comisión Especial del Congreso deberá ahora valorar si estos testimonios constituyen elementos suficientes para avanzar en responsabilidades que lleven a la destitución definitiva del fiscal Johel Zelaya. El informe final se conocerìa este miércoles.

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