También procederán a cancelar personal y el contrato vigente con la empresa Dynamic Corporation
La Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911, está autorizada por el Ejecutivo para la contratación directa de bienes y servicios necesarios para reactivar la vigilancia en al menos cinco ciudades del país.
También los interventores analizan la cancelación del contrato vigente con la empresa Dynamic Corporation, que fue ampliado por el Congreso Nacional a finales de 2021 y tiene un costo de 154 millones de dólares.
“Entre las medidas que puede adoptar están la modificación, fusión, escisión o supresión de la entidad intervenida”, señala el Decreto Ejecutivo PCM 11-2023.
Además se autoriza, Artículo 7, a la Comisión Interventora, para realizar, “mediante el proceso de contratación directa la adquisición de bienes, servicios, suministros, sistema de vídeo vigilancia, sistema de llamadas, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías y/o auditorías con empresas nacionales o internacionales”, que sean absolutamente necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema 911.
“Estas contrataciones directas se realizarán de forma provisional, por el tiempo que tome llevar a cabo los procesos de adquisición de bienes o contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado”, agrega.
Los tres interventores, nombrados por un período de un año prorrogable, ya comenzaron el proceso e informaron que ya tienen avances. Una de las medidas es la participación de Hondutel en la habilitación de comunicaciones.
Contrato Dynamic Corporation y despidos
La Comisión Interventora se concentra en las siguientes acciones:
Contratar una auditoría internacional para determinar el precio justo de mercado del contrato de servicios suscritos con la sociedad mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V., para establecer si existe sobrevaloración o sobreprecio del mismo.
Realizar un profundo proceso de auditoría; Contratar un servicio de consultoría que brinde acompañamiento especializado durante toda la gestión; Presentar y promover todas las acciones correspondientes para la declaración legal de nulidad del contrato con Dynamic Corporation, así como garantizar la deducción de responsabilidades a que haya lugar.
También proceder de acuerdo legislación aplicable a la clasificación del personal, la celebración, terminación o revocación de contratos de trabajo y regularizar la situación de los empleados.
Sobre Dynamic Corporation, el gobierno asegura que se trata de un oneroso contrato directo de la administración anterior, que se rehusó a negociar el acuerdo y suspendió el servicio en agosto de 2022.
El contrato es por un monto de 154 millones 449.375 dólares con 0.36 centavos (U$154,449,375.36), por un plazo de siete años y cinco meses (01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2028). “Lo anterior, mediante un proceso que desconoce los supuestos establecidos en la Ley de Contratación del Estado (artículo 63)”, señala el Ejecutivo.
Además que contiene varios “vicios de nulidad” y por ser lesivo al interés público, se ordenó realizar una revisión exhaustiva del caso, proponiendo a Dynamic Corporation, proceder a legalizar la prestación del servicio, pero no llegaron a ningún acuerdo y el servicio fue suspendido el 31 de agosto de 2022.
