La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de América Latina, y en el caso de Honduras ese reto se vuelve aún más apremiante.
Según el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2025 de la Ocde, Honduras ocupa la tercera posición entre los países de la región con mayor proporción de hogares cuyos ingresos provienen exclusivamente de actividades informales. Haití y Bolivia, ocupan la primera y segunda peor posición, respectivamente.
En esa medición, más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos (55%) dependen total o parcialmente de la informalidad, lo que reduce la productividad, dificulta la recaudación tributaria y condiciona la financiación del sistema de seguridad social.
Las tasas de informalidad varian según el país desde 25% en Uruguay a casi 80% en Honduras, señala el informe.
El informe subraya que las transiciones desde el trabajo informal hacia empleo formal son particularmente bajas, lo que significa que la informalidad no opera como una etapa previa a mejores trabajos, sino como un estado persistente donde la movilidad laboral ascendente es limitada.
Esto se traduce en baja productividad agregada, menores ingresos para los hogares y restricciones para financiar el sistema de seguridad social, lo cual limita la capacidad del país para sostener una agenda de desarrollo productivo de largo plazo.
El informe muestra que Honduras, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Perú encabezan la lista de naciones con mayor proporción de hogares cuyos ingresos dependen totalmente de trabajos informales.
Desde la Organización Internacional del Trabajo, su director general Gilbert F. Houngbo señaló que, aunque América Latina recuperó los niveles de empleo previos a la pandemia, la calidad de los trabajos no ha mejorado, pues la región continúa marcada por alta informalidad, baja productividad y escaso crecimiento del empleo protegido.
“La informalidad no puede ser tratada como una realidad inevitable del mercado laboral, sino como un reflejo de la falta de protección social sólida, políticas de transición justa y mecanismos efectivos de formalización” añadió Houngbo.
Por su parte, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, advirtió que América Latina enfrenta una “trampa de bajo crecimiento” asociada al estancamiento de la productividad laboral desde hace más de una década.
Según la Cepal, los países de la región no han podido convergir hacia las economías de mayor ingreso porque sus estructuras productivas siguen concentradas en actividades de bajo valor agregado, alta rotación y limitada capacidad de innovación.
En estos casos, predomina una estructura económica basada en autoempleo, agricultura de pequeña escala, comercio minorista y servicios de baja productividad, donde las empresas operan con márgenes reducidos y con poco acceso a financiamiento, asistencia técnica o tecnología productiva.
En el otro extremo, los niveles más bajos se observan en Bahamas, Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica. Estos países combinan mercados laborales más estables, mayor cobertura de seguridad social y políticas públicas que facilitan la formalización, especialmente para pequeños negocios.
El caso uruguayo destaca por la protección social para microemprendimientos, mientras Chile y Costa Rica cuentan con instituciones laborales y estatales más densas y coordinadas, que sostienen tasas más altas de empleo formal. En Brasil, programas de formalización por cuenta propia también han ampliado la cobertura laboral en la última década.
El informe sostiene que reducir la informalidad no puede abordarse únicamente con reformas laborales o medidas de fiscalización. La formalización requiere aumentar la productividad local, y esto implica construir capacidades productivas en los territorios donde se concentran las actividades informales.
