En América Latina, los empleadores pagan en promedio un 50% adicional al salario en costos laborales no salariales, impulsados por contribuciones a la seguridad social y regulaciones laborales.
Los altos costos del empleo formal, combinados con baja productividad, son un factor clave de la informalidad y dejan a muchos trabajadores sin acceso a protecciones básicas, señala un informe regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Honduras continúa entre las economías donde formalizar empleo representa un desafío para las compañías, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
El reporte compara salarios mínimos, aportes obligatorios, costos no salariales y el costo total de formalización laboral en países de América Latina y el Caribe. Allí se evidencia que, aunque las diferencias entre economías son amplias, en la mayoría de los casos el costo real de contratar formalmente supera ampliamente el salario que recibe el trabajador.
La medición del costo de formalización laboral, que compara cuánto cuesta pasar de un trabajador informal a uno formal frente al salario promedio informal, ubicó a Honduras como el país con la mayor carga de la región, con un costo cercano a 240%. Le siguieron Costa Rica, con cerca de 160%; Ecuador, con 145%; Panamá, con 135%; y Guatemala, con alrededor de 125%.
COSTO MÍNIMO DE LA MANO DE OBRA ASALARIADA: CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES
Algunos países han mantenido estables sus cargas laborales durante la última década. Costa Rica, por ejemplo, registró contribuciones totales de 38,4% del salario promedio y El Salvador de 27,5%. México se ubicó en 24,6%, mientras Chile llegó a 25,1%.
Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el impacto sobre las pequeñas empresas. El estudio mostró que formalizar empleo en algunos países puede costar más de 130% del salario informal promedio.
Esto genera un círculo complejo para las MiPyme. Y es que contratar formalmente no implica únicamente pagar el salario mensual, sino asumir una carga acumulada que puede volver inviable la expansión de la nómina.
Muchas compañías terminan recurriendo a esquemas como la contratación por prestación de servicios, la tercerización o la informalidad parcial para reducir costos laborales.
Esto termina debilitando el recaudo, reduciendo la cobertura del sistema de protección social y aumentando la presión sobre quienes sí cotizan.
En la región, algunos países han optado por mecanismos más flexibles para incentivar la formalización. Uruguay y Chile, por ejemplo, han combinado protección social con incentivos tributarios y esquemas menos dependientes de la nómina formal.
Reformas en Honduras
El sistema de seguridad social fue reformado parcialmente mediante el Decreto N° 47-2024, que incrementó contribuciones de pensiones en 1,5 puntos porcentuales para empleados y empleadores, y aumentó la base contributiva máxima para seguros de pensiones, salud y riesgos laborales hasta 11.903,13 lempiras.
El decreto también creó el Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual para asegurar el pago de prestaciones laborales al momento de la terminación del empleo. Este fondo es administrado por el Sistema Privado de Contribuciones (RAP) y financiado mediante aportes patronales mensuales equivalentes al 4% del salario del trabajador, hasta un tope de tres salarios mínimos.
