Honduras dio un giro en su política de seguridad tras la aprobación en el Congreso Nacional de un paquete de reformas penales orientadas a endurecer las penas contra la extorsión, el crimen organizado y las estructuras criminales, en especial maras y pandillas que han sido designadas como «terroristas».
Las reformas fueron aprobadas con unanimidad de respaldo de los diputados y buscan reforzar la persecución penal contra maras, pandillas y redes delictivas, además de ampliar las herramientas de investigación de las autoridades.
Las reformas incluyen tres nuevos elementos enfocados en reforzar las capacidades de seguridad, investigación y control penitenciario en el país.
Una de las principales propuestas contempla el incremento de penas, la agilización de procesos judiciales y la creación de una fuerza integrada de seguridad que articule labores de inteligencia, investigación y operatividad.
Extorsión podría castigarse con prisión perpetua
Uno de los principales cambios aprobados corresponde al artículo 373 del Código Penal, relacionado con el delito de extorsión. La reforma establece penas de entre 15 y 20 años de prisión y multas de 500 a 1,000 días para quienes, mediante amenazas, violencia o intimidación, obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar actos contra su voluntad.
Además, el nuevo texto establece que, si una persona muere como consecuencia de la extorsión, la pena aplicable será prisión a perpetuidad. El delito se considere consumado, aunque no se haya concretado el pago exigido por los criminales.
Responsabilidad para quienes colaboren en cobros
Las reformas incorporan como coautores no solo a quienes realizan amenazas directas, sino también a personas que recolectan dinero, utilicen cuentas bancarias, hagan transacciones electrónicas o reciban bienes producto de la extorsión.
Otro de los cambios aprobados elimina la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado en casos de extorsión.
Terroristas
Se reformó el artículo 587 sobre asociación terrorista. El nuevo texto incluye dentro de esta figura a maras, pandillas, estructuras criminales transnacionales y redes vinculadas al narcotráfico cuando actúen mediante intimidación colectiva, violencia sistemática o control territorial.
Según lo aprobado, los directivos, promotores y financistas de estas estructuras enfrentarían penas de entre 15 y 20 años de prisión, mientras que los integrantes podrían recibir condenas de 10 a 15 años.
Otra de las reformas aprobadas endurece las sanciones por uso ilegal de uniformes, insignias o equipos similares a los utilizados por cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas.
La modificación al artículo 473establece penas de cuatro a seis años de prisión para quienes tengan posesión de este tipo de indumentaria sin autorización. Si el uniforme es utilizado para facilitar o encubrir delitos, la condena podría aumentar hasta diez años de cárcel.
Telecomunicaciones y difusión de información privada
El paquete aprobado también contempla reformas relacionadas con telecomunicaciones, manejo de información privada y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Asimismo, se establecen nuevas obligaciones para empresas telefónicas, operadoras y proveedores de internet sobre el registro y verificación de identidad de usuarios.
Se aprobó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura que tendrá como objetivo fortalecer las acciones de investigación y combate contra organizaciones criminales.
Las autoridades consideran que esta entidad permitirá mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad e inteligencia.
Asimismo, se busca fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ampliando su participación en tareas de seguridad en barrios y colonias, conforme a lo establecido en la Constitución
Otro de los elementos aprobados autoriza a las Fuerzas Armadas a continuar apoyando a la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en labores de seguridad ciudadana.
La medida fue respaldada por unanimidad en el Congreso Nacional como parte de las estrategias para reforzar operativos y presencia de seguridad en diferentes zonas del país. El apoyo militar continuará siendo clave en la lucha contra estructuras criminales y delitos de alto impacto.
