El Estado hondureño expresó su inconformidad con la CIDH por la convocatoria de una audiencia al considerar que el mecanismo no corresponde a las finalidades establecidas en el Reglamento de la Comisión.
El Estado de Honduras compareció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la audiencia temática sobre la situación de la independencia judicial, donde manifestó sus observaciones sobre el desarrollo del encuentro y solicitó fortalecer el diálogo dentro del marco de las competencias del organismo.
La representante del Estado de Honduras, Marlen Talbott reiteró que el país mantiene su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y aseguró que continuará cooperando con la CIDH dentro de las competencias establecidas por el Sistema Interamericano.
Sin embargo, explicó que, tras analizar la solicitud presentada, el Estado concluyó que esta excede la finalidad prevista en los artículos 66 al 70 del Reglamento de la CIDH. Informó que Honduras presentó formalmente su inconformidad ante la Comisión y que los argumentos oficiales serán remitidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su respuesta por los canales diplomáticos correspondientes.
Talbott sostuvo que las modalidades de audiencia contempladas en el artículo 62 del Reglamento de la CIDH tienen objetivos específicos, entre ellos el seguimiento de recomendaciones y la recepción de información general sobre la situación de los derechos humanos en un Estado. Desde esa perspectiva, señaló que este mecanismo no debería utilizarse para debatir controversias individuales o procesos judiciales concretos.
La objeción del Estado
La representación del Estado argumentó además que utilizar una audiencia pública para analizar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitir valoraciones sobre actuaciones estatales o referirse a procesos de supervisión en curso no corresponde a la naturaleza de este mecanismo. Según la postura oficial, ello resulta incompatible con el artículo 66 del reglamento de la Comisión y podría interferir con los procedimientos institucionales del Sistema Interamericano.
Honduras expresó que el uso de una audiencia de monitoreo para abordar controversias individuales, contraviene el principio de subsidiariedad, que establece que los mecanismos internacionales actúan de forma complementaria a las instituciones nacionales. El Gobierno también sostuvo que la CIDH debió examinar previamente la compatibilidad de la solicitud con su reglamento antes de admitir la audiencia.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, declaró que Honduras mantiene una posición de respeto hacia la CIDH, aunque manifestó que el Estado no comparte el enfoque adoptado para la convocatoria y considera que la actuación del organismo debe ajustarse a las disposiciones de su reglamento y a la jurisprudencia del Sistema Interamericano.
