Transparencia Internacional publicó su informe 2019 sobre la percepción de la corrupción en el mundo, que destaca la creciente “frustración” con las prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.
Honduras cae 14 puntos, al pasar de la posición 132 en 2018 a 146 de 2019, entre 180 naciones, una posición que comparte con Guatemala. Curiosamente, ambos países han cancelado la presencia de misiones de apoyo contra la corrupción impulsadas por la OEA.
El informe centra atención en “el papel corruptor del ‘gran dinero’ en el financiamiento de los partidos políticos”, y directamente la coordinadora regional, Teresita Chávez, resaltó el “decepcionante” caso de Honduras, que acaba de cerrar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Los gobiernos deben abordar urgentemente papel corruptor de mucho dinero en política financiación del partido y la influencia indebida ejerce en nuestros sistemas políticos”, señaló Delia Ferreira Rubio, directora de Transparencia Internacional.
Latinoamérica Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, y Uruguay y Chile como los más limpios, según el informe, que denuncia que la región ha sido incapaz de hacer progresos significativos.
A escala mundial, después de Dinamarca y Nueva Zelanda, aparecen en lo alto de la tabla de TI, por orden, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda, Alemania y Luxemburgo.
En el vagón de cola, junto a Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).
Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.
